Medellín, Antioquia

La sala primera especial de decisión de pérdida de investidura del Consejo de Estado negó en primera instancia las pretensiones que tenía una demanda de declarar la pérdida de investidura al Representante a la Cámara David Alejandro Toro Ramírez, por el departamento de Antioquia e integrante del Pacto Histórico.

La decisión del alto tribunal asegura que NO está probado que el congresista y cercano a Daniel Quintero Calle haya gestionado, firmado o ejecutado un contrato con el Colegio Mayor de Antioquia, entidad pública y adscrita al Distrito de Medellín, durante la época de ley de garantías, previo a su elección como integrante de la Cámara de Representantes.

Los demandantes argumentaron que el congresista Toro Ramírez NO renunció oportunamente a su representación legal de la Fundación Avanti y que fue la persona que ejecutó de hecho el contrato, como tallerista.

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Por su parte, el demandante Juan David Girardo Mora prepara el proceso de apelación a una segunda instancia para buscar que el congresista sea retirado del cargo.

Los argumentos de la demanda

El investigador de esta demanda, Daniel Esteban Salazar, había explicado en Caracol Radio que a través de una corporación llamada Avanti, el hoy congresista, habría ejecutado un contrato con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Según quedó evidenciado, en la misma documentación enviada por la corporación, la persona que aparece en el tallerista de los espacios que se debían ejecutar era el señor Toro Ramírez.

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En la documentación detallada se demuestra que Toro Ramírez era el representante legal de Avanti, al momento de firma el contrato. Y aunque, el representante a la cámara habría renunciado a la representación legal de la corporación, para lanzarse al congreso, la evidencia demuestra, que, de hecho, el representante Toro fue el que siguió ejecutando el contrato.