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Congreso hundió proyecto de ley que presuntamente beneficiaría al ‘Clan Torres’

La Cámara de Representantes aprobó la proposición de archivo, tras las denuncias de los congresistas, por presunta instrumentalización del proyecto para supuestos beneficios a Euclides Torres.

Nacional

Con 47 votos por el NO y 73 votos por el SÍ, fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes, la proposición de archivo presentada por el congresista Cristian Avendaño, del Partido Alianza Verde, para el proyecto de ley que buscaba garantizar una movilidad segura e incluyente para todos los actores viales. Según el representante, esta iniciativa, presuntamente, beneficiaba al Clan Torres.

“Agradecerle a la plenaria por la sensatez que tuvo al hundir este proyecto, aquí no estamos de ninguna manera para avalarle ningún tipo de negocio a financiadores de campaña y aquí lo digo de manera contundente y celebro la decisión que tomó la Cámara de Representantes por el riesgo que implicaba que el texto de Senado quedara como definitivo”, afirmó el representante.

Avendaño señaló que la ‘malla empresarial’ del ‘Clan Torres’, estaría siendo investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por presunta cartelización. El congresista destacó la importancia de esta iniciativa en materia de seguridad vial, atendiendo a los altos niveles de mortalidad.

“Era un proyecto que tenía una intención loable, pero que le instrumentalizaron y lo que hicieron fue colgarle unos micos para favorecer unos negocios, para ampliar un negocio o unos recaudos que tienen que hacer a través del SICOV”. agregó.

¿Qué irregularidades presentaba este Proyecto de Ley?

“El primero tenía que ver con ordenarle a la Superintendencia de Transporte, básicamente con quien no podía contratar, eso era una clara restricción a la competencia que resaltaron diferentes organizaciones de la sociedad civil en los conceptos que enviaron y demás.

La segunda era que tenía un vicio de constitucionalidad porque metían un esquema tarifario con unos requisitos que no sé dónde lo sacaron, con unos criterios técnicos que no sabemos de dónde lo sacaron porque los metieron en una proposición en el segundo debate y que la Corte Constitucional ya lo había declarado inexequible, es decir, estaban metiendo algo que la corte ya había tumbado.

Después de esto, pues avanzó a plenaria de Cámara y el mico que habían metido en un sólo artículo, que el artículo 17 lo abrieron en dos artículos, en el artículo 15 y en el artículo 21, el 21, el gobierno no quería eliminarlo y el artículo 15 lo eliminaron, pero lo eliminaron con unas falencias en la gazeta y lo eliminaron, pero en el texto del Senado quedó aprobado tal cual.

Lo que nosotros presentamos fue una proposición de archivo porque era insubsanable los errores que tenía desde el trámite de Senado, aparte de eso múltiples vicios de procedimiento, no sometieron a lectura la aprobación de las proposiciones en el Senado y el señor Pedro Flórez, que es un senador del Pacto Histórico, que tiene un relacionamiento muy cercano, familiar con el ‘Clan Torres’, no se declaró impedido y demás”, explicó el representante Avendaño.

La congresista Catherine Juvinao afirmó que de los negocios con el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), desde el 2012 hasta hoy, se ha recogido cerca de 200 mil millones de pesos y que, de haber sido aprobado este proyecto, habría recibido alrededor de 3 billones de pesos en un lapso de 10 años. Además, cuestionó la falta de acciones por parte del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte ante las denuncias.

“Al parecer la tarea es hacerle el negocio al señor Euclides, sí o sí, le está pagando favores porque es el presunto financiador del presidente Petro. Esto es un proyecto de seguridad vial y no para crear tributos, ni pagar favores, ni hacerle negocios a financiadores de campañas presidenciales”.

Juvinao aseguró que esta iniciativa, que se hundió en su último debate, sería radicado nuevamente para la próxima legislatura, según lo afirma, “con congresistas y expertos que estén comprometidos con cuidar la vida de los colombianos y no con quienes utilizan proyectos de esta naturaleza noble y altruista, para crearle negocios a unos contratistas del Estado”.