Centro Democrático instauró acción popular para suspender trámite de las reformas sociales
Aseguran que el escándalo de corrupción alrededor de la UNGRD deslegitima y vicia la votación de quienes resulten involucrados en los hechos denunciados.
Colombia
El Centro Democrático instauró, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, una Acción Popular con la que buscan suspender el trámite de las reformas sociales en el Congreso. Es decir, los proyectos de reforma pensional, laboral, a la educación y el Proyecto de Ley para crear la Empresa Colombiana de Minerales, Ecominerales.
Lo que piden con esta medida es que la suspensión de las discusiones de estos proyectos propuestos por el Gobierno des presidente Gustavo Petro, se mantenga hasta que se aclaren los hechos relacionados con el escándalo de de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres, y en el que presuntamente estarían salpicados tanto múltiples funcionarios del gobierno como miembros del congreso.
“A través de la Acción Popular el Centro Democrático solicita que la suspensión de dichas reformas se mantenga hasta que haya un pronunciamiento judicial que aclare las graves denuncias de corrupción alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que han salpicado a funcionarios del Gobierno Nacional, así como a miembros del Congreso. Una situación que deslegitima y vicia la votación de quienes resulten involucrados en los hechos denunciados y conocidos por la opinión pública”.
Sumado a esto, desde la oposición insisten en que estos proyectos cuentan con múltiples reparos como la falta del concepto de impacto fiscal que debe presentar el ministerio de Hacienda para cada una de las reformas.
“Las reformas que se relacionan presentan serios reparos como, la falta de aval fiscal, no han tenido en cuenta las observaciones técnicas realizadas por los diversos actores de los sistemas afectados, ni las expresadas por la Procuraduría General de la Nación”.
Aseguran que con esta medida pretenden proteger a los colombianos del daño que se pueda causar a “su ahorro pensional, a las garantías para recibir atención en salud, al acceso de la educación de los jóvenes y al derecho a un trabajo formal”.