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Procuraduría investiga atención de caso de abuso sexual en colegio del oriente antioqueño

El ente de control pidió informe de cómo se abordó el caso de una menor del Carmen de Viboral, que denunció que un docente intentó tocar sus partes íntimas durante la jornada académica.

Carmen de Viboral, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación confirmó que ya le solicitó al rector de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, del Carmen de Viboral, un informe detallado de la manera en que se dio el manejo y la atención al caso de presunto abuso sexual que padeció una menor al interior del colegio.

El ente de control le pidió al rector que especifique cuáles fueron los protocolos para atender la denuncia, en la que la estudiante de secundaria indicó que habría sido víctima de violencia sexual por parte de un docente, quien habría intentado tocar sus parte íntimas durante el avance de una jornada académica.

“Frente al caso, el Ministerio Público también le pidió al Secretario de Educación y al Director Regional ICBF (E) de Antioquia, detalles frente a la activación de Rutas de acuerdo a los protocolos para el abordaje de la violencia sexual y las medidas de atención y protección brindadas a la menor de edad”, informó la Procuraduría a través de un comunicado.

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Desde que se conoció el caso de la menor, a inicios de mayo, la Alcaldía de este municipio, del oriente antioqueño, y la Secretaría de Educación, activaron los protocolos para restablecer los derechos de la estudiante y dieron parte a las autoridades para hacer lo correspondiente con el responsable del hecho.

Por casos relacionado con presunta violencia sexual en colegios, la Procuraduría ya ha destituido e inhabilitado a 191 funcionarios de instituciones educativas y avanza en otros 237 procesos disciplinarios.

Además, indicaron que por “posibles incumplimientos de 36 instituciones educativas en la incorporación de protocolos para la detección y atención de violencias de género y/o por no haber realizado las remisiones y denuncias ante las autoridades competentes, remitió informes disciplinarios, la mayoría de éstas ubicadas en Antioquia, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Bolívar y Valle del Cauca”.