Desde el Concejo solicitan investigación por incumplimiento en pagos a madres comunitarias
Luego de varios días de protesta y una mesa de acuerdos, siguen sin llegar algunos pagos de madres comunitarias en Bogotá.
Madre comunitaria | Foto: ICBF
Bogotá D.C.
Luego de las manifestaciones de las madres comunitarias en la capital ante los continuos incumplimientos de pagos por parte del Estado, que ponen en peligro la atención a la primera infancia en el país, el concejal de Bogotá, Oscar Ramírez Vahos, ha tomado medidas por su cuenta.
Vahos radicó una solicitud en la Procuraduría para que se inicie una investigación disciplinaria contra altos funcionarios del gobierno, incluyendo al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la Directora del ICBF, Astrid Helena Cáceres Cárdenas; y la Directora técnica de Primera Infancia del ICBF, María Mónica Martínez Martínez. E concejal asegura que el objetivo es esclarecer las omisiones y establecer las responsabilidades correspondientes en esta situación.
Las acusaciones se fundamentan en presuntas violaciones al principio de planeación, malos manejos presupuestarios y fallas en la programación de recursos destinados al programa de Hogares Comunitarios por parte de la Nación.
Estos fallos comprometen las garantías para la adecuada prestación de servicios de atención y cuidado de la primera infancia, sometiendo a las madres comunitarias a una inestabilidad laboral alarmante y retrasos en los pagos de hasta tres meses consecutivos.
El cabildante además radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Hacienda encabezado por Ricardo Bonilla, pidiendo un informe con el plan de cuentas radicado por el ICBF 2023 y 2024 y diferentes detalles sobre el manejo de la entidad en cuanto a hogares comunitarios.
“Las madres comunitarias de Bogotá deben celebrar sus contratos con el pleno de requisitos exigidos por el ICBF, para la atención de primera infancia en la ciudad de Bogotá”, asegura el concejal.
Según denuncia, en la actualidad, son las propias madres comunitarias quienes, con recursos propios y, en muchos casos, dinero prestado, están cubriendo los costos de las minutas nutricionales para asegurar que los niños reciban sus alimentos, una responsabilidad que debería recaer en el Estado.