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Extracción ilícita de oro persiste en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

La Procuraduría advierte que la extracción ilícita de oro persiste, impactando varios de los nueve ríos de la ciudad.

La continuidad de las actividades de extracción ilícita de minerales genera una afectación significativa en diferentes fuentes hídricas, incluyendo el río Cali.

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En la lucha contra la minería ilegal y la contaminación por mercurio, la Procuraduría General de la Nación avanza en su estrategia nacional, esta vez desde Cali, Valle del Cauca, territorio en el que la extracción ilícita de oro persiste en el Parque Nacional Natural Farallones.

El Ministerio Público advirtió que la continuidad de las actividades de extracción ilícita de minerales en el Parque Nacional, genera una afectación significativa en diferentes fuentes hídricas, incluyendo el río Cali y entre otras que proveen de agua a los acueductos de La Reforma y San Antonio, beneficiando a 600.000 habitantes de la ciudad.

Precisó que, recientes estudios realizados por el ente de control revelan niveles preocupantes de mercurio y arsénico en el río Felidia, superando los límites establecidos por la Environmental Protection Agency (EPA), con un registro de 17 y 31 partes por millón (ppm) de mercurio y 23 ppm de arsénico; hallazgo que subraya el impacto negativo de la minería en el componente hidrográfico y la biodiversidad del área.

Frente a la problemática, el ente de control convocó a la segunda Mesa Territorial bajo la estrategia “Colombia: sin minería ilegal y sin mercurio”, financiada por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés) de la Embajada de Estados Unidos, para generar la articulación institucional que permita una respuesta efectiva a la problemática social-ambiental dentro del área protegida, convocatoria que se llevará a cabo este martes 30 de abril en el Hotel Dann a partir de las nueve de la mañana.

Finalmente, recalcó en que es imperativo garantizar la calidad del agua en estos afluentes para salvaguardar el derecho a la salud de los habitantes de la capital vallecaucana, por lo que continuará supervisarando y vigilando las acciones adelantadas por las entidades competentes.