¿Cuál es la edad máxima para funcionarios públicos en Colombia?
Estas regulaciones buscan garantizar la renovación y la eficiencia en el servicio público, así como establecer una participación de nuevas generaciones en la gestión gubernamental.
Exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren.
Bogotá
Recientemente, desde el Gobierno Nacional se confirmó que el exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren, no podrá asumir el cargo debido a que tiene 71 años y por ley excede el límite de edad para asumir funciones.
Este sustento se basa en una normativa clara en Colombia que establece la edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñan funciones públicas. El decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública señala que la persona mayor de 70 años o retirada con derecho a pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio, en virtud de la ley 1821 de 2016, la cual tuvo una modificación en el 2017.
Sandra Torres, abogada penalista, explica en qué consiste: “Este artículo específicamente establece que la administración siempre tendrá la obligación de realizar la desvinculación de servidores públicos cuando han llegado a la edad de retiro forzoso, que son 70 años, independientemente de si han alcanzado o no la totalidad de las semanas exigidas para adquirir el derecho a la pensión de vejez, señaló.
Sin embargo, Esteban Hernández, abogado especializado en derecho administrativo, detalla que la legislación vigente sobre edad de retiro forzoso no se aplica a los funcionarios de elección popular, ni otros mencionados en el artículo 29 del decreto 2400 de 1968:
• Presidente de la República
• Ministro de Despacho
• Director del Departamento Administrativo
• Viceministros
• Secretario General del Ministerio o Departamento Administrativo
• Presidente, gerente o director de entidades descentralizadas
• Asesores y/o consejeros
• Elección popular
• Los demás que el estado llegue a requerir
Por otro lado, es importante mencionar que apartarse de la legislación vigente sobre edad de retiro forzoso, además de acarrear consecuencias disciplinarias, podría generar responsabilidad fiscal.