A la cárcel fue enviado el exalcalde de Tuluá John Jairo Gómez Aguirre
Por lo menos, 25 contratos presuntamente fueron entregados al señor Amaya, ahijado del mandatario municipal.
El exalcalde municipal de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre.
Cali
La Fiscalía General de la Nación obtuvo abundante material de prueba que da cuenta de un sistemático e intencionado direccionamiento ilegal de contratos en la Alcaldía de Tuluá (Valle del Cauca), en el periodo 2019 – 2023.
En ese sentido, presentó ante jueces de control de garantías al exalcalde municipal, John Jairo Gómez Aguirre; a los exsecretarios de Gobierno, coronel en retiro Jorge Alexander Gallego Chávez y John Fredy López Cardona; a la exsecretaria de Hacienda, Eliana Andrea Bedoya Bueno; y al contratista Javier Harrison Amaya.
Estas personas se habrían concertado y aprovechado sus cargos para orientar sin el mínimo cumplimiento de las normas vigentes contratos relacionados con la compra o abastecimiento de bienes y servicios de distintita índole, como capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y alimentación para los integrantes de la fuerza pública.
La investigación permitió conocer que, por lo menos, 25 contratos presuntamente fueron entregados al señor Amaya, ahijado del mandatario municipal. Adicionalmente, evidenció que los dineros desembolsados, al parecer, se destinaron para financiar la campaña del coronel (r) Gallego Chávez, quien aspiraba reemplazar al entonces alcalde.
De igual manera, se acreditó que los hoy procesados habrían dispuesto de bienes de la alcaldía para realizar actos de proselitismo, y permitido que los funcionarios participaran en las concentraciones políticas del oficial en retiro.
Por todo lo anterior, una fiscal de la Seccional Valle del Cauca, con apoyo de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a los exfuncionarios y al contratista, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por uso.
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Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.