Ordenan al gobierno entregar plan de acción para superar muertes de niños en la Guajira
La Corte Constitucional le dio un ultimátum al gobierno para que en un mes entregué el plan de acción para superar la crisis por muertes de menores de edad en la Guajira.
Niños de la comunidad Wayúu de Kai Kashi. Foto: Prisa Media
En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional encontró que la vulneración generalizada, masiva, desproporcionada e injustificada de los derechos fundamentales de la niñez Wayuu de La Guajira, causada por las fallas estructurales de las entidades responsables y la desarticulación entre las diferentes autoridades nacionales y territoriales, configura un estado de cosas inconstitucional (en adelante ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos al agua potable, a la alimentación y a la salud de las niñas y los niños de los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia.
Y aunque el gobierno tiene la misión de presentar un Plan de Acción Integrado y Unificado para combatir la crisis “...el desarrollo de cada uno de los derechos no da luces de haberse realizado con el mismo rigor”.
Señalan además que de cinco componentes de este plan, que contempla un presupuesto de 1.2 billones de pesos, cuatro no cumplen el derecho al agua; derecho a la seguridad alimentaria; derecho a la información y derecho a la salud.
Fue por eso que el alto tribunal ordeno a la Presidencia, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Hacienda, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al DANE, al ICBF, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de La Guajira y a los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, como entidades obligadas, ajustar el Plan de acción integrado y unificado a los criterios señalados en la parte motiva de esta providencia. Los ajustes deberán enviarse a esta corporación en un mes.