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Por violencia en Tuluá, la Procuraduría advierte el riesgo en que están municipios vecinos

Una comisión especial de Procuradora General de la Nación llegó al Valle ante la violencia desatada en el departamento

La Procuraduría se reunirá con las autoridades para definir acciones en el centro y norte del Valle

La Procuraduría se reunirá con las autoridades para definir acciones en el centro y norte del Valle

Cali

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, que lidera la comisión especial que visita el Valle del Cauca, advirtió sobre el riesgo en que podrían estar los municipios vecinos de Tuluá si las medidas de seguridad adicionales ordenadas por el Gobierno Nacional, no se extienden hacia ellos.

Frente a esta alerta la Gobernadora aseguró que ya se han presentado actos violentos como amenazas con panfletos y avisos en zonas rurales de Jamundí y Yotoco, y pidió la intervención del Ministerio Público frente a las entidades nacionales.

Este jueves se adelantará una mesa de trabajo por la seguridad de los municipios del norte y centro del departamento entre la Procuraduría y el gobierno del Valle.

Entre las afectaciones a la ciudadanía registradas en esta población durante los últimos años por la acción de grupos armados al margen de la ley, se destacan 115 homicidios selectivos, 36 tentativas de homicidio, 31 amenazas, 14 casos de extorsión y 10 actos terroristas, entre otros, que suman 245 hechos victimizantes entre 2020 y 2024, según cifras del Mecanismo de Monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Ministerio Público también ha podido establecer que entre los sujetos afectados se encuentran 30 jóvenes, 18 comerciantes y propietarios de tierra, 14 servidores públicos y 11 ciudadanos del común. También que existe un alto riesgo de que migrantes venezolanos, entre ellos varios menores de edad que permanecen en el municipio, sean instrumentalizados por estor grupos para alimentar nuevos actos violentos.

Con la información recaudada, la Procuraduría presentará un informe preventivo a las autoridades del orden nacional responsables de atender la crisis, el próximo 20 de febrero.

“De acuerdo a los hechos que han venido sucediendo en Tuluá, en el norte del Valle, en Buga, ha venido a acompañarnos el Procurador Delegado para los Derechos Humanos y vamos a hacer una reunión con los alcaldes, con los comandantes de la Policía y del Ejército para poder lograr establecer este jueves cuáles son las acciones que vamos a seguir generando desde Tuluá, desde el norte y centro del Valle para lograr minimizar acabar con estas bandas delincuenciales que están afectando tanto a la comunidad vallecaucana”, comentó la gobernadora Dilian Francisca Toro, al destacar el acompañamiento de la Procuraduría en la misión de velar por los derechos de los ciudadanos.

Ante una comunicación de la banda ‘La Inmaculada’, en la que manifiestan su compromiso de no extorsionar en Tuluá, la mandataria dijo que “es importante, pero necesitamos que esas extorsiones tampoco las hagan en los municipios aledaños porque necesitamos que la gente esté tranquila”.

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El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento, aseveró que en la mesa de trabajo “se escuchará a los empresarios, alcaldes y autoridades, en clave de fortalecer las acciones, que, si bien se vienen realizando y vemos alguna consecuencia con el pronunciamiento de hoy de este grupo multicrimen, pues es necesario no bajar la guardia y seguir fortaleciendo la seguridad en Tuluá y los municipios circunvecinos para garantizar la convivencia de todos sus pobladores”.

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