La encrucijada del Gobierno para la ejecución de la urgencia manifiesta en el Chocó
Los últimos dos contratistas de la vía Medellín Quibdó han entrado en procesos de insolvencia.
Emergencia en Chocó. Foto: Suministrada.
Antioquia
Aunque el gobierno nacional declaró la urgencia manifiesta para la atención de la emergencia en Chocó y anunció la movilización de 500 mil millones de pesos para que se intervenga la llamada “Trocha de la muerte”, el gobierno nacional enfrenta una encrucijada sobre la manera más expedita que tiene para que se ejecute en el menor tiempo posible esos recursos y que por fin esa región del país tenga una vía en buen estado.
De acuerdo con una investigación del El Espectador, los últimos dos contratistas que intervinieron la obra, se declararon insolventes.
En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la vía se concesionó en dos tramos el tramo 1 va desde el kilómetro 12 al 18 de la vía entre La Mansa y Quibdó, y el tramo 2 empieza en el km 7 y va hasta el 12.
El tramo Uno que fue en el que se registró la emergencia de los últimos días, en el que lamentablemente fallecieron 39 personas, 20 más quedaron heridas y todavía hay dos desaparecidos, estuvo a cargo de la empresa Latinco, que a pesar de que en 2023 acudió a la Supersociedades, a un proceso de reorganización, terminó su contrato en septiembre de ese año y su trabajo fue recibido a cabalidad por el gobierno.
El otro tramo tiene contrato vigente con el consorcio conformado entre Explanan y Trainco, que va hasta febrero de este año y contempla entre otros la construcción de nueve puentes, sin embargo, a la fecha solo dos de ellos se han construido.
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La encrucijada que tiene el gobierno nacional es que el camino más rápido para que se cumpla con urgencia manifiesta sería ampliar el contrato que sigue vigente, en lugar de declarar el incumplimiento del actual contratista y que en el diseño del contrato además de que se comprometa a terminar lo que le falta, se incluya la intervención de los taludes. Algo que nunca se ha incluido en los contratos de intervención que hasta la fecha se han entregado.
La dificultad de este camino para el gobierno podría estar en que Trainco lleva varios años en diferentes procesos de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, mismos en los que ha incumplido y le ha tocado volver a ellos.
