Colombia

Entre los proyectos discutidos y aprobados se encuentran el liderado por la senadora María José Pizarro, el cual busca establecer mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso político contra las mujeres, y también, garantizar su participación libre y segura.

De igual forma, la iniciativa de la senadora Angélica Lozano, que busca asegurar la participación paritaria en política y cargos de máximo nivel decisorio, fue enviado a sanción presidencial. De esta manera, se deberá alcanzar una representación del 50 % de las mujeres en los altos cargos del Estado, tanto nacionales como territoriales, a partir de 2026.

También quedaron aprobados los proyectos para la creación de una “Alerta Rosa” para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas y la iniciativa que busca reforzar su participación en áreas como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Finalmente, se aprobó en el Senado el proyecto que establece la creación del “Fondo de Prevención, Protección y Asistencia de Mujeres Periodistas Víctimas de Violencia de Género”, con el propósito de brindar apoyo psicológico, jurídico y económico a las víctimas, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado colombiano por el caso del secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya.

¿Qué proyectos quedan para discusión?

Protección a hijos de mujeres víctimas de feminicidio

Durante el periodo 2023-2024, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 031/23C-038/23C, mediante el cual se busca proteger integralmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes hijos de mujeres víctimas de feminicidio.

La iniciativa, que surge a partir de dos proyectos, uno de autoría de la representante Juliana Aray y el otro presentado por la representante Carolina Giraldo, busca otorgar asistencia sicológica, legal, económica, emocional, educativa, recreacional, cultural y deportiva a menores en situación de vulnerabilidad económica que hayan sido víctimas de feminicidio.

Además, el proyecto establece que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), junto con el Ministerio de la Igualdad, deberán presentar un informe anual al Congreso, proporcionando detalles sobre las políticas implementadas, programas desarrollados, recursos asignados y logros obtenidos en beneficio de estos menores.

El proyecto pasó a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se discutirá y votará en segundo debate.

Protección al trabajo de mujeres buscadoras de personas desaparecidas

El proyecto de ley 242 de 2022 propone que a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada se las reconozca como constructoras de paz y sujetos de especial protección constitucional.

La propuesta es promovida por la fundación Nydia Erika Bautista, una organización fundada por Yanette Bautista que asesora a las familias –especialmente a las mujeres- que han perdido el rastro de algún ser querido en el marco del conflicto armado en particular.

La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate esta iniciativa y ahora, le resta un debate en la plenaria de Senado para que sea una realidad.

Licencia Menstrual para promover la igualdad de género y la dignidad menstrual

Por segunda ocasión se radicó en el Congreso la iniciativa que busca otorgar una licencia remunerada para las personas menstruantes.

Según el artículo 8 del proyecto, toda persona trabajadora menstruante tendrá derecho a un día remunerado por mes calendario ante la imposibilidad de llevar a cabo su jornada laboral debido a los síntomas generados por su periodo menstrual. Adicional se establece que dicha “licencia remunerada no afectará su ingreso salarial, antigüedad, pago de primas, vacaciones, bonos, incentivos u otro derecho laboral adquirido”

En ese sentido, el proyecto establece que quedaría a libre elección para las mujeres el día que consideren que deben suspender su asistencia a la jornada laboral.

Adicional, el articulado establece que serán el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Salud las entidades que definan los mecanismos administrativos para la investigación, vigilancia y sanción de las personas o empresas que contravengan esta ley.