Educación superior colombiana y la reforma a la Ley 30
La nueva reforma reconoce la educación como “un derecho fundamental” y tiene un enfoque de diversidad e inclusión hacia grupos étnicos y comunidades vulnerables.
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Después de un tiempo de la presentación del proyecto de educación en la Cámara de Representantes, se debate su impacto en el sistema académico colombiano. Aunque el proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a la educación y aumentar recursos para las instituciones, expertos creen que no es suficiente y que se necesita una reforma más amplia que abarque todos los niveles del sistema educativo.
Cada año se gradúa un promedio de 480.000 jóvenes de bachillerato en el país, de los cuales cerca de 290.000 no logran acceder a la educación superior, según datos del Sistema de Matrículas Estudiantil, diferentes expertos resaltan que se debe hacer una reforma estructural que abarque todos los niveles del sector.
Diego Mazo es el rector de CEIPA y señala que modificar solo la Ley 30, no es suficiente para garantizar el acceso a la oferta académica profesional, “para lograr una transformación verdadera es necesario reformar la Ley 115 del 94 que abarca todo el sistema educativo en general, no se puede garantizar el acceso a las IES cuando ni siquiera se asegura el ingreso a la secundaria. Se debe partir desde ahí para entender cómo todos estos sistemas se van a integrar y cómo pueden generar oportunidades de formación en una sociedad basada en el conocimiento”.
La financiación propuesta en los artículos 86 y 87 de la reforma enfrenta críticas, ya que se considera necesario separar la estructura educativa de la financiación y crear alternativas que permitan a los estudiantes elegir la oferta académica que mejor se adapte a sus necesidades. El aumento de los aportes del Presupuesto General de la Nación a universidades públicas no es suficiente para satisfacer la demanda de estudiantes que buscan cursar estudios de pregrado.