30 candidatos cuestionados fueron elegidos para cargos de elección popular: PARES

Colombia

De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, 96 candidatos con cuestionamientos se inscribieron para participar de las elecciones regionales. De estos, 30 fueron elegidos para Alcaldías, Gobernaciones, Asambleas y Concejos.

Según este mismo informe, el 60% de estos candidatos, es decir 18 de ellos, tienen una presunta relación con hechos de corrupción. 19 son herederos de clanes políticos, 13 cuentan con investigaciones judiciales, 11 con investigaciones disciplinarias, 4 con presuntos nexos con grupos armados, 3 con investigaciones fiscales y otros tres fueron identificados como herederos de parapolítica.

En cuanto a la clasificación por partidos políticos, Pares señala que 13 candidatos obtuvieron el aval de un solo partido político y 17 fueron avalados por coalición. El Partido Liberal, el Centro Democrático y el Partido de la U, fueron los partidos que avalaron individualmente a más candidatos cuestionados.

Mientras tanto, los partidos que más registran el otorgamiento de coavales son el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Liberal, ASI, el Partido de la U, el Partido Demócrata, MAIS y Colombia Renaciente.

Y, si se tienen en cuenta el total de candidatos elegidos avalados y coavalados por partido, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U, son los partidos con mayor cantidad de candidatos y candidatas cuestionados elegidos.

Otro punto de análisis en este informe son los clanes políticos. Desde Pares han rastreado a 51 clanes políticos que han estado en el poder del país durante las últimas décadas, y de estos, se encontró que 30 apoyaron a 41 candidatos en estas elecciones. Señalan que de estos 41 candidatos, 19 fueron elegidos con el apoyo de clanes políticos.

“Departamento a departamento existen algunos casos en los que se aplica el concepto de autoritarismo subregional con mayor peso, teniendo en cuenta que están prácticamente capturados por los clanes políticos y que, para estas elecciones, mantuvieron su poder, lo que genera altos riesgos para la democracia en Colombia. Estos casos son: Atlántico, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca. En estos departamentos el control está en manos de 8 clanes políticos respectivamente: los Char, Blel, Gnecco, Rey, Nueva Fuerza Guajira, Villamizar, Barreto y Dilian Francisca Toro”.

Además, explican que hay otros clanes, como el Clan de Yahir Acuña, en Sucre (Alcaldía de Sincelejo); Clan García Turbay (alcaldías de Magangué y Cartagena); y Clan de La Casita en Casanare (Alcaldía de Yopal Casanare), que lograron retomar su poder al ser elegidos en Alcaldías y Gobernaciones durante estas elecciones.

Entre los candidatos cuestionados Pares destaca a Andrés Julián Rendón, elegido como Gobernador de Antioquia, Federico Gutiérrez, elegido como Alcalde de Medellín, Alejandro Char, elegido como Alcalde de Barranquilla, Dumek Turbay, elegido como Alcalde de Cartagena, Jorge Emilio Rey, elegido como Gobernador de Cundinamarca, Rafael Alejandro Martínez, elegido como Gobernador del Magdalena, William Villamizar, elegido como Gobernador de Norte de Santander y Dilian Francisca Toro, elegida como Gobernadora del Valle del Cauca.

Frente a la información revelada en este informe, desde Pares hacen un llamado a las autoridades electorales a reconocer la responsabilidad que tienen los partidos y las  agrupaciones políticas al avalar a candidatos con cuestionamientos.

“Desde Pares también se considera urgente y necesario aplicar sanciones mucho más incisivas y fuertes para evitar que los partidos políticos avalen o coavalen a candidatos que no son idóneos debido a que incumplen con los requisitos o cualidades para su inscripción, que poseen inhabilidades, incompatibilidades o que han cometido delitos”.

Pues según explican, el artículo 1 del Acto Legislativo 09 de 2009 contempla las posibles sanciones que pueden recaer en los partidos o movimiento políticos, como la de perdida de su personería jurídica o la posibilidad de que sus directivos puedan ser investigados y sancionados.