Ipiales-Nariño

Una visita de inspección realizó la Procuraduría General de la Nación en la frontera con Ecuador, para verificar la situación que viven a diario los migrantes.

El Ministerio Público asegura que según reportes de Policía y Migración, al menos 88.000 personas han ingresado de manera formal y otros 150 mil de manera irregulares en este año.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, quien lideró la visita, verificó en diálogo con las comunidades que entre las situaciones más graves que estos afrontan los migrantes están las dificultades de acceso a servicios, pues el 73 % de las familias deben pernoctar en calle o parques públicos, el 75 % no tiene acceso suficiente al agua de consumo humano y solo el 22% pudieron acceder a uno de los siete alojamientos humanitarios instalados por la cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales presentes en el municipio de Ipiales, los cuales funcionan sin ningún apoyo del Gobierno nacional, departamental o local.

Según Sarmiento existe un gran flujo de ciudadanos venezolanos que están retornando desde el sur del continente (Perú, Chile entre otros ) para regresar a su país, quedarse en Colombia o hacer tránsito hacia Estados Unidos. Sin embargo, se trata también de una migración continental y extracontinental al conocerse que personas y familias de origen haitiano, cubano, chino, vietnamita, africano, entre otros, ingresan al país cada semana con el fin de llegar hasta el Tapón del Darién, frontera con Panamá, o hasta San Andrés, para pasar por allí a Centroamérica en su recorrido hacia Estados Unidos, según reportes de la Policía.

Nariño principal punto de ingreso para llegar al Tapón del Darién

Tan solo entre el 1 y 8 de octubre de 2023, el Grupo Interagencial para Flujos Migratorios Mixtos de Urabá informó que 754 ciudadanos de origen chino ingresaron a Necocli. El departamento de Nariño fue uno de los puntos de ingreso de estas personas y sin que lo advirtieran las autoridades.

La mayoría de estos migrantes estarían siendo abordados en el paso fronterizo colombiano por traficantes conocidos como Coyotes, que controlan el negocio ilegal y les cobran por conducirlos hasta Ipiales, seguir ruta por los municipios de Pasto, Chachagui, Taminango y luego de salir del departamento de Nariño continuar su tránsito por la región pacífica o llegar hasta el Urabá Antioqueño. Los demás permanecen en el municipio buscando el dinero para seguir y con el riesgo de ser explotados por las mafias allí existentes reporta la Procuraduría con base en información recibida de las autoridades locales.

El delegado para los derechos humanos que estuvo en la zona dijo que preocupa la falta de presencia de la fuerza Pública en los más de 30 pasos informales existentes solo en Ipiales y que al parecer son controlados por los grupos armados ilegales; también llamó la atención por la ausencia de albergues administrados y financiados por el Estado; la falta de estrategias preventivas por parte del ICBF para garantizar los derechos de los NNA migrantes no acompañados y separados y la falta de planes, programas y proyectos de las administraciones municipales y departamentales para contrarrestar y evitar los actos y expresiones de xenofobia por parte de la población de acogida.

Después de esta visita se presentará un informe al despacho de la Procuradora General para evaluar las acciones preventivas y disciplinarias a que haya lugar para garantizar la respuesta de las entidades estatales y el respeto por los Derechos Humanos de la población migrante.