Abren investigación a expersonera de Manizales por presuntas irregularidades en el cargo
La Procuraduría explicó que, la Provincial de Instrucción de Manizales advirtió que las supuestas irregularidades se habrían presentado desde 2013 y hasta 2019, muchas de ellas en las deducciones que debían hacerse a las libranzas, y que los comprobantes de pago de descuento salían por un valor superior al que se debía pagar.
Crédito: Archivo Caracol Radio.
Manizales
Y es que en las últimas horas, se conoció que, la Procuraduría formuló pliego de cargos en contra la expersonera municipal de Manizales, Tulia Elena Hernández, y la exdirectora financiera, Alba Rocío Gallego Andrade, por las presuntas inconsistencias en los giros hechos para la nómina, en el primer caso, y el incremento injustificado de su patrimonio en el segundo hecho.
Agregaron que, la Provincial de Instrucción de Manizales advirtió que las supuestas irregularidades se habrían presentado desde 2013 y hasta 2019, muchas de ellas en las deducciones que debían hacerse a las libranzas, y que los comprobantes de pago de descuento salían por un valor superior al que se debía pagar.
Manifestaron que, el ente de control resaltó que Hernández Burbano tuvo un comportamiento, al parecer, contrario a los principios de la función administrativa de transparencia y publicidad a los que estaba obligada a dar cumplimiento por su rol como ordenadora del gasto.
Añadieron que, se le reprochó a la disciplinable permitir la falsedad de documentos en repetidas oportunidades durante el ejercicio de su cargo y se presumió la falta como gravísima a título de culpa gravísima.
Así mismo, el Ministerio Público alertó sobre la inexistencia de registros en el sistema y las partidas hechas por menor valor, lo que afectaba la nómina e implicaba comprometer recursos de la entidad, que debían ser asumidos por Gallego Andrade y no por la Personería Municipal.
Dentro del expediente, la Procuraduría formuló otro cargo por el aparente incremento injustificado patrimonial de un tercero y con recursos públicos. La actuación de las disciplinables sería contraria al principio de moralidad y con ella pudo afectar el deber funcional que les asistía, por lo que el organismo de control calificó las presuntas faltas como gravísimas cometidas a título de culpa gravísima.
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