“La democracia tiene costos”: Carrascal sobre uso de recursos públicos para movilizaciones

Colombia

Nuevamente el Gobierno del presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones para respaldar las reformas sociales que hacen curso en el Congreso, como un mensaje de respaldo y presión al legislativo para que escuche a la ciudadanía y no a intereses políticos, según dicen los promotores de la manifestación.

Sin embargo, para esta movilización del 27 de septiembre el Gobierno destinó más de $260 millones de pesos en el solo alquiler de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y el uso de una tarima con diferentes artistas. Este hecho ha causado una fuerte polémica dado que han sido recursos públicos, de toda la ciudadanía.

La representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal respondió a esta polémica, asegurando que no es un gasto sino que “la democracia tiene unos costos. Que la gente pueda salir a manifestarse, y más teniendo hoy un Gobierno popular que nunca había tenido, pues no tiene nada de malo que se usen ciertos recursos para eso”.

Según la representante, que es además coordinadora ponente de la Reforma Laboral del Gobierno, “el problema sería que esos recursos se los robaran. Están a luz pública, hay plena transparencia y la gente sabe para qué se están usando: para ejercer los derechos”.

Frente a que estos recursos salgan de los impuestos de toda la ciudadanía, dijo Carrascal que “la gente tiene todo el derecho (a manifestarse); es más, la gente que se está manifestando hoy, incluida yo, con mi salario también pago impuestos. Entonces todos tenemos derecho a participar de la democracia”.

Inclusive añadió la congresista que para las elecciones regionales y locales, que se cumplirán el próximo 29 de octubre en todo el país, “también se usan recursos públicos. Repito, la democracia tiene unos costos, no es un gasto. Montar todos los aparatos para salir a votar cuesta; montar todo para que podamos salir a ejercer nuestro derecho a las calles también cuesta”.

Enfatizó la representante del Pacto Histórico en que “profundizar en la democracia, que es lo que queremos justamente, tiene unos costos frente a los que todos y todas podemos incurrir, y a ejercer los derechos que la movilización nos permite”.

Aunque en términos legales, el Gobierno no está cometiendo ninguna irregularidad con la convocatoria de estas movilizaciones, y sus gastos, sí ha sido cuestionable también por el contexto de campaña electoral en el que se da. Falta un mes para las elecciones regionales y hay sectores que miran este acto como un intento de revalorizar o impulsar las candidaturas del Pacto Histórico.