Congresistas alertan por falta de implementación del Acuerdo de Paz en Gobierno Petro

Colombia

A 7 años de la firma del Acuerdo de Paz, sectores del Congreso, entre estos el senador Humberto de la Calle, el senador David Luna y el representante a la Cámara Christian Avendaño presentaron el informe ‘Del Capitolio al Territorio’, un informe multipartidista elaborado en conjunto por miembros de la Comisión de Paz del Congreso y la Fundación Ideas para la Paz con el proposito de hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz de la Habana.

Ante esto, aseguraron que el 31,7% de las normas para implementar siguen pendientes, siendo el punto 1, sobre reforma rural integral, el más retrasado.

“Tiene aún pendiente por tramitar y aprobar el 51,3% de las normas que se requieren. También continúan pendientes ajustes normativos como la reforma política, el sometimiento de grupos de crimen organizado a la justicia, el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores (cultivos ilícitos), el estatuto de lucha contra el lavado de activos y la reforma a la ley de víctimas”, dice el informe.

De hecho, sobre el tema de tierras, explicaron que aunque el Gobierno anunció que durante este año se han formalizado 998.936 hectareas de tierra, un informe interno de la Agencia Nacional de Tierras señala que más de 600.000 hectareas fueron entregadas por gobiernos anteriores y de cerca de 250.000 hectáreas no se conoce la fecha exacta de formalización.

“Entre agosto de 2022 y mayo de 2023 ingresaron 108.476 ha al Fondo de Tierras, de las cuales el Gobierno ha entregado 2.699 (13,7%), beneficiando a 1.275 familias (30% campesinas y 70% de comunidades étnicas). Sumado a esto, el Gobierno afirma que de los tres millones de hectáreas que se han formalizado desde la firma del Acuerdo, 998.936 ha se han hecho en el último año. Esto, a pesar de que un informe interno de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) afirma que “más de 600.000 son de gobiernos anteriores y cerca de 250.000 hectáreas no tienen fecha exacta”.

Por otro lado, en cuanto a temas de seguridad, insisten en que las condiciones de seguridad en los PDET y en municipios PNIS requieren de acciones urgentes.

“Los excombatientes y líderes sociales siguen en riesgo y el aumento del secuestro es preocupante. Desde la firma del Acuerdo en 2016, el 2022 ha sido el año con mayor número de líderes y de defensores de DDHH asesinados (215), siendo Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo los departamentos con mayor número de víctimas. 28 excombatientes han sido asesinados en los primeros siete meses del año; se encontraban en municipios PDET y PNIS. Así mismo en este año han ocurrido 180 secuestros que comparados con el 2022, representan un aumento del 81,8%”.

Además, aseguran que es necesario agilizar los resultados del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

“Por un lado, la JEP ha avanzado en la investigación de macrocasos, en otorgar tratamientos penales especiales para sus comparecientes, en imputar cargos y hacer diligencias para el reconocimiento de responsabilidad, pero aún no ha emitido ninguna sanción a los responsables. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) debe fortalecer con urgencia los procesos de búsqueda y la identificación de cuerpos recuperados: a mayo de 2023 había recibido 22.211 solicitudes de búsqueda e identificado a 103.955 personas desaparecidas. Al respecto, la UBPD afirma que a mayo de 2023 había recuperado 811 cuerpos, que se suman a 289 recuperados por otras entidades”.

A propósito, el senador Humberto de la Calle anunció que citará a un debate de Control Político, luego de las elecciones regionales, a los organismos competentes del Gobierno entre estos el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para que respondan frente a la implementación del Acuerdo de Paz.

“Nosotros vamos a formular un debate de control político, lo voy a plantear después de las elecciones para que esto no se convierta en un tema electoral, donde todos los organismos del estado competentes vengan al senado a rendir cuentas y a que examinemos estas cifras y esta situación con toda ponderación sin ninguna brizna de interés político partidista sino con un objetivo de cumplir el Acuerdo de la Habana”.