Vivanderos solicitan la creación de una política pública para las plazas de mercado

Colombia

Durante la audiencia pública realizada en la Comisión Quinta del Senado, para conocer la situación actual de las plazas de mercado de Bogotá, el Senador del partido Comunes, Pablo Catatumbo, aseguró que no hay una política clara por parte del Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, y las administraciones distritales sobre el funcionamiento de las plazas de mercado del país.

Señala que la ausencia de un marco reglamentario ha generado incertidumbre sobre las actividades comerciales permitidas, el uso del espacio público, la gobernanza de la administración y los derechos laborales de los vivanderos.

“Muchas de las Plazas de Mercado no están reglamentadas por las administraciones locales, esto impide mayor inversión pública e implica que no exista una verdadera garantía de las condiciones laborales de quienes trabajan allí”.

De igual manera, afirmó que no existen estadísticas oficiales de cuántas plazas de Mercado o centrales mayoristas existen, ni tampoco un consenso claro sobre la definición de lo que es y realiza una plaza de mercado.

Ante esto, los trabajadores de las plazas realizaron una serie de solicitudes, entre las que se encuentran:

1. Construcción de una política pública para las plazas de mercado.
2. Caracterización socioeconómica de quienes laboran en las plazas de mercado.
3. Mesas de diálogos para discutir las actuales resoluciones y las que están en construcción.
4. Cambio del concepto de comerciante por vivandero en las resoluciones.
5. Fortalecimiento de las asociaciones y gremios.
6. Reconocimiento de las plazas como bien público y patrimonio cultural.

Los vivanderos aseguran que las medidas tomadas por el Instituto para la Economía Social (IPES), han sido insuficiente, pues no han logrado fortalecer las plazas de mercado, ni apaciguar la informalidad de los trabajadores.

Ciro José Vega, representante de la Plaza del Quirigua, aseguró que las resoluciones 267 de 2020 y 037 de 2021 contemplan un aumento en el precio de los arriendos. Vega afirmó que el distrito no conoce las necesidades reales de los vivanderos, ni las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las personas mayores que laboran en estas.

“Las resoluciones 267 y 037 contemplan un aumento de un 300% en el precio de los arriendos de los vivanderos. Además, desconocen el trabajo de las personas mayores que a lo largo de su vida han sostenido las plazas y que en la actualidad se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”.

Ante las solicitudes y reclamos de los vivanderos, Alejandro Rivera, director del IPES, señaló que la entidad está en la construcción de una nueva resolución que reúna las necesidades de los trabajadores.

Entre los puntos importantes de la resolución mencionada por Rivera, se encuentran la generación de locales de comercio modernos, mayor inversión pública, un sistema de denuncias al interior de las plazas y un trabajo conjunto entre los ministerios.

“Es necesario incluir al Ministerio de Turismo como ruta gastronómica y de patrimonio que permita vincular al Ministerio de Cultura al modelo y administración de las plazas. De igual forma, es importante que el Ministerio de Trabajo reúna mayores esfuerzos para mejorar el sistema de abastecimiento”