Disminuyen los homicidios en 19%, pero aumentan en 11% las masacres en Colombia

Bogotá

Entre enero y junio de este año se registraron en Colombia 52 masacres, 46 homicidios de derechos humanos y 48 casos de reclutamiento de menores. Estas cifras revelan qué, aunque hay una disminución del 19% en homicidios y un aumento del 11% en masacres, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU le preocupa el tema en los territorios en donde el Estado colombiano tienen que focalizar su atención. Así lo sostiene Juliette de Rivero, representante de este organismo en nuestro país.

“La principal preocupación más grande que tienen las comunidades y la tenemos nosotros es el reclutamiento infantil”.

En cuanto a las masacres los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

La expansión territorial de los grupos armados se concentra en Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare que viene acompañado de homicidios, amenazas, reclutamiento, carnetización de la población, entre otras vulneraciones de derechos humanos.

“Eso nos dice que la situación en territorio aún es precaria y que el Estado tiene que llegar de manera articulada en el territorio. Muchas de las autoridades locales no pueden solas con la situación humanitaria y es prioritario proteger la vida”.

También registran 18 homicidios y una desaparición forzada de candidatos y líderes políticos. Se registraron en Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU asegura que sus principales preocupaciones son:

La expansión territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales.

Incremento de acciones de control social con un impacto negativo en la situación de derechos humanos de la población civil e imposición de reglamentos de conducta por parte de los grupos armados no estatales y/o organizaciones criminales para controlar la vida social, económica y política de las comunidades, organizaciones sociales y étnico territoriales.

Alto número de casos de reclutamiento infantil por parte de los actores armados no estatales y organizaciones criminales.

Implementación por parte de los grupos armados no estatales de estrategias agresivas para desarticular a las organizaciones de la sociedad civil, cooptar sus espacios y/o suplantar los mismos.

Limitaciones derivadas del control y la violencia ejercidos por grupos armados no estatales para que las comunidades, especialmente las rurales y alejadas de los cascos urbanos, puedan informar sobre su situación y expresar sus necesidades.

Restricciones a la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos, lideres, lideresas y comunidades en los territorios, que crea además una situación de riesgo para el ejercicio de derechos civiles y políticos en el futuro contexto electoral.

Dinámicas de trata con fines de explotación sexual, así como violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales.

10 RECOMENDACIONES

Urgir a los grupos armados no estatales a respetar irrestrictamente el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Desplegar la presencia integral del Estado en puntos estratégicos del país para recuperar y extender el control territorial del Estado frente a la actuación de los grupos armados no estatales.

Fortalecer la articulación entre la política de Paz Total, la política de seguridad humana y la política de desmantelamiento para atender la situación territorial y los factores estructurales que motivan la continuación de la violencia contra las comunidades.

Formalizar un diálogo permanente y articulado con los procesos organizativos de base de los territorios, independiente a los diálogos y negociaciones que se han iniciado con actores armados, en el que la población civil organizada pueda dialogar directamente con el Estado sobre temas de seguridad humana y paz.

Fortalecer la participación de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz.

Adoptar e implementar la política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales.

Instalar la Mesa Nacional de Garantías como el espacio de participación central entre el Gobierno y la sociedad civil en temas de garantías. Concluir y adoptar este año la política de prevención de la violencia y la política nacional de garantías para personas defensoras.

Adelantar, actualizar y concluir las medidas necesarias como la Ruta Étnica de Protección, los planes de salvaguarda, y los planes de salvaguardia, para garantizar la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Considerar el Derecho Internacional Humanitario y la protección de los Derechos Humanos como el eje central de las negociaciones con los grupos armados no estatales y organizaciones criminales.

Incluir el cese de acciones victimizantes hacia la población civil, y en particular el reclutamiento infantil y la protección de la niñez, en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales como un punto central de las negociaciones.