No hay recursos para asumir alimentación de detenidos en centros transitorios: FND

Armenia

Gobernador del Quindío y alcaldes del departamento deberán prestar el servicio de alimentación para los detenidos en estaciones de Policía

La orden la dio la Corte Constitucional ya que el 31 de julio vencerán los contratos de la vigencia 2022 de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec.

Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, FND mencionó que la acción es una imposición sin recursos. Añadió que cada vez les ponen más obligaciones a los mandatarios regionales. Indicó que “alimentar a los indiciados en un municipio como Montenegro costaría entre 5 a 6 millones de pesos diarios”.

Asimismo, Andrés Buitrago Moncaleano, secretario de Gobierno de Armenia, aseguró que es una carga impositiva que se estaría imponiendo en las ciudades. Mencionó que desde Aso capitales interpondrán acciones necesarias contra la sentencia. Manifestó que ninguno de los municipios tiene ni la capacidad ni un plan de adquisiciones ni apropiación de recursos para hacerlo.

Por su parte, Daniel Mauricio Restrepo, alcalde de Montenegro, sostuvo que el tema es preocupante. Expresó que a los alcaldes no les dan herramientas económicas para alimentar a los sindicados en las estaciones de Policía. Afirmó que para el gobierno es muy fácil descargar la responsabilidad en los mandatarios de las capitales.

Por su lado, Ana Yulieth Díaz, alcaldesa de Circasia, señaló que la decisión es un desastre porque a los alcaldes les ponen mil responsabilidades sin que les envíen recursos.

Desde la Alcaldía de Calarcá rechazan la decisión del USPEC de no prestar más el servicio de alimentación a detenidos en centros transitorios y advierten que no cuentan con recursos para asumir dicha función

El alcalde del municipio, Luis Alberto Balsero se mostró desconcertado puesto que considera no tienen el presupuesto necesario para cumplir con esa función. Cuestionó que en esta época de mitad de año se genere tal decisión cuando aprueban el presupuesto desde el año anterior para toda la vigencia 2023.

Evidenció que el panorama anterior agravaría la problemática de hacinamiento que hay en estos sitios porque no ha sido atendida como tal y ahora será más compleja una intervención.

Además, dio a conocer que son cerca de 80 privados de la libertad entre Calarcá y el corregimiento de Barcelona en el que son necesarios 240 alimentos diarios.

El 1 de agosto, gobernadores y alcaldes del país se encargarán de la prestación alimentaria de los detenidos en estaciones de Policía, URI y centros transitorios.

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