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Se aprobó en último debate el proyecto que protege a víctimas de fraude digital

Más de 40.000 personas en Colombia han sido víctimas de estafadores digitales.

Imagen de referencia de estafa. / seksan Mongkhonkhamsao

Colombia

Con 60 votos a favor la plenaria del Senado aprobó, en último debate, la ley contra el fraude digital. Esta iniciativa tiene como propósito proteger a las víctimas de suplantación electrónica suspendiendo los cobros asociados al fraude y eliminando su reporte negativo de las centrales de riesgo.

De acuerdo con Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el Partido Verde y autor del proyecto, más de 40.000 personas en el país que han sido víctimas de los estafadores digitales, están pagando deudas interminables han sido reportados en centrales de riesgo.

“Desde el 2020, con el incremento de las transacciones digitales y la pandemia, los delitos de usurpación de identidad y fraude digital crecieron en un 409%. A noviembre de 2021, se reportaron más de 13.458 denuncias por robos de identidad, esto es un promedio de cinco fraudes financieros virtuales por hora. Ante este panorama se hacía necesario legislar en favor de los colombianos, para que se sintieran respaldados y protegidos ante la indolencia del sector financiero. Con esta ley, ya no pagarán más cuotas de créditos que no sacaron y no estarán reportados en las centrales de riesgo”, aseguró el representante.

Con la implementación de esta ley, quienes sean víctimas del fraude digital deberán informar a la entidad encargada que han sido suplantados y que son acreedores de una obligación financiera.

El operador deberá informar a la víctima que cuenta con 20 días hábiles para interponer su denuncia ante la Fiscalía, de comprobarse que no existió la suplantación el cobro y reporte en las centrales de riesgo tendrá que reanudarse. Pero si se comprueba la suplantación, la persona será exonerada y desvinculada inmediatamente de cualquier cobro y reporte asociado.

Por otro lado, en caso de que la Fiscalía no logre encontrar al culpable de este fraude, “deberá pronunciarse sobre si hay pruebas para afirmar que existió o no suplantación. En caso de que las pruebas demuestren la existencia de suplantación, esto será prueba suficiente para que la víctima sea exonerada de los pagos y de reportes en centrales de riesgo”.

Tras su aprobación en último debate, este proyecto ahora pasará a conciliación en el Senado y la Cámara de Representantes.