5 puntos claves en la lucha contra la inseguridad que golpea a los colombianos

En el foro ‘Desafíos de Seguridad y Territorio’ organizado por Prisa Media, más de cuarenta voces de autoridad del sector público, privado, academia y sociedad civil se sentaron a discutir sobre porqué la seguridad es un tema transversal para los colombianos. Mencionaron que sin la seguridad no se pueden materializar los demás derechos y que esta no debe estar supeditada a partidos políticos, sino que debe ser una política de Estado.

Y es que, de acuerdo con la encuesta anual del DANE ‘Convivencia y Seguridad Ciudadana’, el año pasado Colombia registró una percepción de inseguridad del 53%, un aumento de 9 % con respecto al 2021.

“Podríamos decir que la inseguridad es, quizá, el más democrático y plural de los flagelos que está viviendo hoy en día Colombia”, puntualizó Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media.

Estos fueron los cinco puntos más destacados que se abordaron en el encuentro:

Una prioridad tanto urbana como rural

Durante el encuentro, varios de los presentes manifestaron su preocupación por los altos índices de criminalidad que ha venido registrando el país. El 2022 fue el segundo año con la cifras más altas de homicidios desde 2016. Para este año, el delito de extorsión ha aumentado en un 24%, según la Policía Nacional.

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador de Meta, denunció que en el departamento las extorsiones se han quintuplicado: “El tema de la seguridad es un tema de acción, no de retórica, discursos y filosofía. Hoy los grupos armados ilegales no están filosofando, sino creciendo (...) Necesitamos acción y decisión para contener el monstruo, sino se vuelve insostenible esto y nos tocan otros 50 años de guerra”, puntualizó.

La extorsión es uno de los delitos más utilizados por los grupos armados ilegales para conseguir recursos. Aunque parezca que estas estructuras solo operan en la ruralidad, expertos coincidieron en que sus tentáculos alcanzan las zonas urbanas a través de bandas criminales locales.

“Ya no estamos ante estructuras verticales. La tercerización ha permitido que estos actores armados entren a las ciudades. Tenemos una gran cantidad de estructuras pequeñas capturando las ventas de actividades legales”, explicaron desde la Corporación Humana. En Barranquilla, por ejemplo, las denuncias por extorsión aumentaron en un 400%.

Para Iván Velásquez, ministro de defensa, una explicación probable para este incremento de la extorsión en algunas regiones podría derivarse de la eficacia que ha tenido la fuerza pública con el control del narcotráfico y la minería ilegal (el año pasado se incautaron 700 toneladas de cocaína, la cifra más alta en la última década) “Los resultados favorables de las operaciones los han obligado a incrementar esta otra fuente de ingresos ilegales”, explicó.

Entre los panelistas hubo varias propuestas para hacerle frente a la situación. La que más resonó fue la de la alcaldesa Claudia López, quien mencionó que tanto Bogotá como las áreas metropolitanas de más de un millón de habitantes deberían tener autorización constitucional para crear una policía local que complemente las labores de la policía nacional: “No hay democracia que aguante el hecho de encontrarse al atracador en la esquina 24 horas después de que fue capturado”, dijo la mandataria.

Se deben reforzar las garantías de seguridad para el sector productivo en las regiones

Uno de los participantes del encuentro fue la empresa Riopaila Castilla, un ingenio azucarero que tiene presencia en 34 municipios de 3 departamentos. Guillermo Carvajal, gerente de Asuntos Corporativos, mencionó que en Santa Rosalía (Vichada), el ingreso de una de cada tres personas depende de sus operaciones.

Los gremios coincidieron en que, en muchas regiones del país, el sector privado ha sido el encargado de promover el desarrollo económico a través de la generación de empleo, por eso lamentaron que no haya seguridad para la ejecución de sus actividades ni tampoco para los productores, ambos blancos atractivos para secuestro y extorsión. La reducción de $800 mil millones del presupuesto del Ministerio de Defensa también despertó emociones encontradas, sobre todo ahora, cuando los índices de violencia han venido en aumento.

“Hay una falsa disyuntiva en la retórica de que es paz o seguridad. Entonces, como elegimos paz, no podemos imprimir los servicios del aparato de seguridad -en el sentido de preservar la vida y honra de los colombianos y los bienes-, porque estaríamos atentando contra la paz, porque la paz es no confrontación y el ejercicio de la autoridad se puede confundir con confrontación”, agregó Juan Carlos Restrepo, director de Bat.

La seguridad va más allá del campo militar

Los reclamos de la ciudadanía exigiendo mayor presencia del Estado van más allá del envío de pelotones militares. Históricamente se ha dicho que el concepto de ‘seguridad’ también abarca temas relacionados con el cumplimiento de derechos y el fortalecimiento de las instituciones.

Daniel Rico añadió que el control territorial también es la capacidad del Estado de garantizar a los ciudadanos la adquisición de productos y servicios seguros. Las problemáticas de contrabando que vive el país con el alcohol adulterado y los cigarrillos es un ejemplo de ello. En 2022, 34 de cada 100 cigarrillos que se consumieron en Colombia fueron de contrabando, según la Federación Nacional de Departamentos. “La institucionalidad no tiene una coordinación entre el componente de seguridad y el aduanero”, dijo.

Crear soluciones para combatir este tipo de flagelos también es deber de las instituciones del Estado, pues el 50% de los impuestos al consumo que recoge el país vienen de estos dos productos. Esto permitiría proteger los ingresos para las rentas departamentales que luego se invierten en salud, educación y deporte y, a su vez, disminuir los riesgos en salud para los colombianos.

Se deben seguir combatiendo discursos de odio y estigmatización

Alejandro Álvarez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, finalizó su intervención con la frase “la paz no solo se consigue silenciando los fusiles. La paz llega cuando se elimina el discurso del odio”. Lamentó que algunos sectores de la sociedad hayan caído en el error de reproducir narrativas reduccionistas en las que los universitarios son percibidos como amenazas y, además, que incluyen a los centros de educación superior en las dinámicas de la guerra. “Tenemos que sacar la guerra de los campos universitarios”, agregó.

Asimismo, Juan Pablo Guerrero, subdirector del CINEP, también hizo un llamado de atención al hecho de que los líderes sociales aún son blancos de victimizaciones que van desde el asesinato hasta las lesiones físicas. Según Indepaz, hasta el 31 de mayo de 2023, en Colombia se tenía registrado el asesinato de 72 líderes sociales y defensores de DDHH, una cifra que demuestra la lamentable estigmatización a la que continúan sometidos estos actores tan cruciales para la democracia solo por su discurso.

Debe haber mayor claridad en los procesos de cese al fuego con grupos armados ilegales

Las órdenes de cese al fuego contra el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo fueron suspendidas. Ahora, el centro del debate está en Cuba, en los diálogos que adelanta el Gobierno con el ELN para llegar, esta vez sí consensuada, a una negociación que permita un cese bilateral.

Sectores reclamaron la falta de coordinación para instalar mecanismos de monitoreo y verificación de la medida. Eso, y la poca disposición para cumplir con su parte, provocó que el Estado Mayor Central, por ejemplo, cometiera más de 226 acciones violatorias de la medida, según un informe de inteligencia militar.

Iván Velásquez, ministro de defensa, destacó la “nueva política del Gobierno Nacional de enfrentar fundamentalmente la producción, comercialización y obtención de riquezas, desde la destrucción de laboratorios, el control y la incautación de insumos, fortaleciendo las labores de inteligencia y de investigación”, como una muestra de la disposición del gobierno de turno por desarticular estas organizaciones criminales a partir de ataques a su economía.

Por su parte, los asistentes criticaron al gobierno por estar llevando a cabo un cese al fuego simultáneo y no secuencial. Es decir, haber anunciado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada, cuando cada grupo tiene su propia estructura, distribución y fines: “Hay que romper la simultaneidad en el esquema de paz total y hacerlo secuencial, comenzando por el ELN”, puntualizó Frank Pearl, consultor de diseño público.