El Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que el gobierno Biden sancionó a tres exoficiales de Colombia por su participación en violaciones de Derechos Humanos. 

Se trata del excoronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, al excoronel Juan Carlos Figueroa Suárez y al exgeneral Iván Ramírez Quintero, involucrados en los llamados “Falsos Positivos”, investigados por el asesinato de inocentes y hacerlos pasar como exguerrilleros de las FARC, luego de que no aceptaran su responsabilidad en los hechos.

Esta sanción de Estados Unidos se hace bajo la Ley de Asignaciones de Programas y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2023. Esto prohíbe su ingreso a los Estados Unidos así como también el ingreso de cinco de los miembros familiares.

De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Estado, esta medida se toma en apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que dijo, “trabaja para acabar con la impunidad de los delitos relacionados con el conflicto”.

“Hoy, estamos tomando medidas para promover la rendición de cuentas de tres exfuncionarios colombianos por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno de Colombia”, dijo el Departamento de Estado. 

Agregó que “felicita a la JEP por su trabajo vital en apoyo de las víctimas y sobrevivientes del conflicto y continuará trabajando junto con socios colombianos e internacionales para apoyar”. 

¿Quiénes son los sancionados?

El excomandante del Batallón ‘La Popa’, Publio Hernán Mejía fue imputado por la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por el asesinato de 75 personas que luego fueron presentadas como bajas en combate en el norte de Cesar y sur de La Guajira.

El excoronel Juan Carlos Figueróa, fue imputado como uno de los máximos responsables de los crímenes en medio de los cuales fueron asesinadas y desaparecidas 127 personas, 52 de ellas mientras él ostentó el mando y control del Batallón de Artillería No. 2 La Popa,  a la que le corresponderá decidir si lo acusa ante el Tribunal para la Paz de la JEP. El exoficial, podrá ser condenado hasta con 20 años de cárcel.

Y el exgeneral Iván Ramírez, a quien la JEP le rechazó la solicitud de sometimiento, es investigado por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante la toma y recuperación del Palacio de Justicia en 1985, cuando era jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército.