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“Los alcaldes no son los únicos responsables por problemas de hacinamiento”: Asocapitales

La Asociación de Ciudades Capitales pidió al Ministerio Público revisar los alcances de la sentencia SU 122 de 2022 que busca descongestionar los centros de detención transitoria en el país.

UTP Soacha / Jose Ruiz

Bogotá D.C.

La Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) se pronunció tras las investigaciones abiertas por la Procuraduría a los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha, Valledupar y a la alcaldesa de Bogotá por una presunta omisión en la descongestión de los centros de detención transitoria y de las Unidades de Reacción Inmediata.

Asocapitales explicó que, los alcaldes y alcaldesas de las capitales colombianas son conscientes de sus responsabilidades ante esta situación.

“Razón por la cual radican, de la mano de la Defensoría del Pueblo y de la bancada de cárceles, el Proyecto de Ley 254/22 (S) en el Congreso de la República que ofrece salidas al hacinamiento, aporta claridad frente al debate de responsabilidades sobre la población carcelaria sindicada y también busca fuentes de financiación para conseguir este objetivo” expresó la asociación en el marco de su 60ª Junta Directiva realizada en Valledupar.

Además, la asociación pidió a la Procuraduría revisar los alcances de la sentencia a SU 122 de 2022, que involucra a los municipios y departamentos a la búsqueda de nuevos cupos y financiación para la mejora y adecuación de la infraestructura carcelaria existente.

“También se debe revisar el caso de los condenados que aún permanecen bajo la responsabilidad de las alcaldías y los sindicados que llegan de todos los municipios a las ciudades capitales, cuya competencia debería ser coordinada con las gobernaciones” solicitó Asocapitales.

Cabe resaltar que en el Congreso de la República cursa una propuesta que pide que la Nación asuma la responsabilidad de todas las Personas Privadas de la Libertad, tanto sindicadas como condenadas.

Por último, Asocapitales expresó que, a pesar de que existen ciudades capitales con recursos para la construcción de cárceles “no han contado con el aval o permisos por parte del Gobierno Nacional para avanzar con dichos proyectos”.