La contradicción del Ejército sobre tráfico de armas: “La Inspección no investiga”

Bogotá D.C.

Caracol Radio reveló el expediente completo sobre una presunta organización criminal en la Tercera Brigada del Ejército Nacional, ubicada en Cali, que habría suministrado a disidencias de las extintas FARC más de 150 mil cartuchos de diferentes calibres y 2 mil granadas entre los años 2019 y 2021, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

Se trata de un sargento, tres soldados, un retirado y dos civiles que integraban una red de tráfico de armas al servicio de ese grupo armado y que, al parecer, habría tenido injerencia para repeler el Paro Nacional en la capital del Valle del Cauca.

Una de las primeras alertas fue un documento secreto de las Fuerzas Militares de 2020 que se envió al general (r) Eduardo Enrique Zapateiro, entonces comandante del Ejército Nacional.

Advertía que los 5.000 cartuchos calibre 5.56 que fueron incautados en el puerto de Buenaventura, en enero de ese año, habrían salido de uno de los batallones del Valle, encendiendo las alertas por corrupción.

Caracol Radio conoció ese informe de la Inspección General del Ejército Nacional, en donde se registraron 24 hallazgos irregulares en el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N° 3 ‘Policarpa Salavarrieta’ (BASPC3).

De este informe, se establecieron 16 posibles indagaciones disciplinarias y otras 9 posibles investigaciones administrativas, todas ‘pendientes por aperturar’ y en ‘averiguación de presuntos responsables’.

Entonces, Caracol Radio formuló un derecho de petición para conocer el avance de dichos procesos, pero el Ejército Nacional respondió con una contradicción que genera más dudas que certezas.

A pesar de que en el informe se asegura que hay indagaciones e investigaciones por parte de la Inspección General sobre posible tráfico de armas, el Ejército Nacional respondió: “la Inspección General no adelanta investigaciones de otras unidades militares al no encontrar bajo el mando directo en línea de dependencia, jerárquica y funcional conforme lo establece la Ley 1862 de 2017, las competencias y atribuciones para investigar”.

Aclaró que la misionalidad de esa unidad “es llevar a cabo inspecciones con el fin de verificar, controlar y evaluar el cumplimiento de políticas, normas legales e institucionales, requisitos de gestión, doctrina militar, reglamentos, manuales, directivas, procesos y procedimientos en todos los niveles de la organización”.

Entonces, ¿qué pasó con esos 25 procesos sobre fuga de material de guerra en el BASPC3 que quedaron plasmadas en el informe que se le envió al general (r) Zapateiro? Luego de tres años, no se conoce si fueron archivados, si se derivaron en sanciones a militares o incluso, si se compulsó de copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para seguir con las investigaciones.

Uno de los militares que fue retirado del servicio por este caso, según confirmó una fuente cercana al proceso, fue el Mayor Edwin Valero Soto. “Tenía bajo su obligación el control y fiscalización del material de armamento, la firma de las órdenes de suministro, los boletines diarios y los consolidados del almacén de armamento (con todos sus soportes) así como revista mensual del material, control que omitió de forma irresponsable permitiendo la pérdida del material y el manejo irregular de la cuenta fiscal”, señaló la Inspección General en el informe de 2020.

Por otro lado, en las audiencias de imputación de cargo contra los integrantes de la red de tráfico de armas, la fiscal del caso, María Zamara, había alertado que los militares activos implicados habían estado en otros batallones desempeñando las mismas funciones.

De hecho, la funcionaria judicial aseveró que en las Fuerzas Militares se protegen entre ellos. Pues Caracol Radio también consultó al Ejército Nacional sobre estas declaraciones de la fiscal. En su respuesta, no detalló en qué batallones estuvieron los cuatro militares activos implicados y tampoco determinó si investiga (o inspeccionó) las unidades en donde se pudo presentar una situación similar en Cali, como alertó la fiscal Zamara.

“El Ejército Nacional se encuentra al servicio de la misión constitucional y sus miembros deben ser investigados cuando se vean presuntamente inmersos en hechos que van en contravía de los principios y valores institucionales y la Ley. Se mantiene en todo momento la Política de Cero Tolerancia con la Corrupción y la colaboración armónica entre las instituciones cuando sea requerido”, dijo el Ejército Nacional a Caracol Radio.

Eso sí, reveló que este año, en compañía con la Fiscalía General, se han tenido un total de 47 capturas, entre suboficiales y soldados activos, personal militar retirado y particulares por tráfico ilegal de material de guerra.

Dijo que continúan las labores de Contrainteligencia Militar, en coordinación con la Policía Nacional y Fiscalía, como muestra de legitimidad, transparencia institucional y colaboración armónica.