Cartagena

El equipo jurídico que representa a Promotora Calle 47 SAS radicó ante el Juzgado Décimo Segundo Administrativo de Cartagena el recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia que ordena al Distrito y a la constructora del proyecto, adelantar los estudios y los procesos de contratación necesarios para la demolición total de la edificación.

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Espacio público

En el recurso de apelación, los abogados de la constructora reiteraron la inexistencia de vulneración y/o amenaza a los derechos colectivos, pues las decisiones adoptadas en el proceso policivo que ordena a la constructora la restitución de 24m2 de superficie (619m2 en vertical) se encuentran falsamente motivadas, por lo que ese fallo se encuentra demandado y en adición, la ocupación de espacio público no fue objeto de debate en este proceso (Acción Popular). “Finalmente, y aunque dicha supuesta ocupación ilegal no es cierta, la constructora no se ha sustraído del cumplimiento de las órdenes policivas”, aseguran.

Patrimonio cultural

En la apelación se destaca la omisión de las pruebas presentadas por expertos en patrimonio histórico que demuestran la ausencia de afectación al valor universal excepcional del bien, y que no fueron tenidas en cuenta en la decisión. Por el contrario, se valoraron pruebas no idóneas para demostrar una supuesta afectación al Castillo de San Felipe.

En el recurso también se señala la actuación negligente por parte del Ministerio de Cultura en la protección del patrimonio cultural de la Nación, al haber expedido de manera tardía el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del cordón amurallado de Cartagena, presentado varios después del licenciamiento del proyecto habitacional, y haber intentado ocultar su falla con posterioridad al desarrollo del proyecto Aquarela. En ese sentido, Cartagena de Indias tiene otros problemas en materia de patrimonio cultural que no pueden ser atribuidos al proyecto Aquarela.

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Licencias de construcción en el marco de la legalidad

“En la apelación, se reitera la legalidad de las licencias de construcción, que fueron obtenidas de acuerdo con las normas vigentes para la época, y que incluye el plan de ordenamiento territorial y sus circulares modificatorias, así como la reglamentación patrimonial de Cartagena que en su momento excluía al inmueble de la zona de influencia del Castillo de San Felipe”, reiteró la constructora.