¿Hay desorden en la forma como el gobierno planea la paz total?

Hoy en Hora20 el análisis a un aparente escenario de desorden en la paz total. Se habló de las intenciones de paz de organizaciones armadas como el Clan del Golfo, pero al tiempo su supuesta participación en el paro minero en el bajo Cauca. También una mirada a los recientes cambios y el cierre que se espera de un nuevo ciclo de negociaciones con el ELN.

Todas las semanas volvemos a hacer el mismo recuento de los escenarios de violencia: el fin de semana pasado siete muertos en Santander; en Argelia, Cauca cerca de 800 estudiantes siguen sin poder ir al colegio por enfrentamientos entre ilegales; en el bajo Cauca 25 mil personas de 16 departamentos siguen confinadas por un paro minero, en el que, según el gobernador de Antioquia, sería promovido por el Clan del Golfo. Este escenario contrasta con el de paz total del que habla el gobierno nacional y las organizaciones armadas, pues las propias AGC que son señaladas de estar detrás del paro minero, ayer anunciaron que nombraron una delegación abogados para avanzar en la negociación jurídica y sometimiento.

Por otro lado, está el ELN que el próximo viernes terminará el segundo ciclo de negociación, Cuba será la próxima sede de un diálogo que completa ya más de tres meses y en el que se espera que al cierre de este ciclo haya decisiones sobre un cese al fuego y alivios humanitarios, aunque miembros de la guerrilla dicen que descartan algún tipo de cese multilateral. A la par continúan las acciones armadas, son los acusados de atentar contra infraestructura petrolera el pasado lunes y de atacar una estación de Policía en San José del Palmar, Chocó donde murió un integrante de esa institución. Por otro lado, está el escenario con las disidencias, a quien, según un informe conocido por Semana, hay un instructivo para que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega suspenda operaciones en contra de las disidencias.

Todo lo ocurrido con la paz total, que para el excandidato presidencial Sergio Fajardo, es un caos y un desorden, se encuentra también ahora con el fiscal general, Francisco Barbosa que, tras reunirse con líderes de partidos como la U, Liberal y Conservador, manifiesta que hay que evitar que el narcotráfico se meta en el articulado de la ley de sometimiento. Mientras tanto, el defensor del pueblo, alerta que hay un rezago en la implementación del acuerdo de paz y que, si no se da dicha implementación, difícilmente el país verá esa anhelada paz total.

Lo que dicen los panelitas

Poly Martínez, periodista, columnista y analista, señaló que episodios como los del hermano del presidente Petro, deja una zona gris sobre el sometimiento a la justicia donde no se sabe en qué punto se trazan los límites, “nadie sabe dónde se expresa cada uno, donde está el narcotráfico, disidencias, reincidencias y eso marca un problema; se ha perdido legitimidad”.

Ante el papel que cumpliría la implementación del Acuerdo de paz en la política de paz total, destacó que el gobierno se fija solo en su proyecto, desarticula la oficina del Alto Comisionado y no hay claridad sobre la capacidad de las oficinas encargadas de la implementación o con los recursos, “hay como un vacío que no se sabe qué pasó: no sol es negociar con ELN, es hablar con disidencias y Clan, sino que tienen que entender implementación del acuerdo final de La Habana”.

Para Ariel Ávila, senador de la república, experto en temas de conflicto y asesor en la construcción de la ley de sometimiento, hay un problema de legitimidad en la paz total que tiene dos connotaciones ante la ausencia de una política en seguridad y el problema con los abogados que recibían dinero para que narcotraficantes entraran en paz total. En esa medida, dijo que para superar ese escenario de aparente desorden es necesaria tener lista la ley de sometimiento, definir el rol del comisionado de paz como negociador o coordinador, así como hacer un corte de cuentas de con quién se tiene acercamientos.

Aseguró que, en casos como el Clan del Golfo, hay es una oferta institución al de sometimiento, pero afirma que no hay lugar a la negociación, “hay oferta de sometimiento y la estructura armada decide si se somete o no, sino es perseguida”. Sobre la ley dijo que ya tiene el visto bueno del Consejo de Política Criminal y que por ahora falta presentarla a agentes del gobierno de Estados Unidos.

Luis Eduardo Celis, integrante de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que la iniciativa del gobierno aborda las raíces del conflicto armado, algo que cree positivo; también aseguró que se ponen a la tarea de tramitar las violencias organizadas, “paz total es construir Estado de derecho y sacar ilegales del territorio, transformarlos, sacarlos de violencia organizada porque ellos son Estado en esos territorios y controlan población”. Por último, dijo que no es una tarea sencilla, por lo cual, considera que es necesario tener equipos formados.

En cuanto a la mesa del ELN, afirmó que va muy bien, que se espera que del ciclo que termina salga una agenda definitiva de negociación, la cual tendría énfasis en lo étnico, género, transición energética y ambiental, así como temas de participación y transformaciones que son la base del diálogo. También manifestó que ojalá en los próximos días se llegue a cuerdos en temas humanitarios, de participación y cese al fuego.

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor en la Universidad del Rosario, conductor de la Hora Judicial UR y presidente del Colegio de Abogados Penalistas, aseguró que tener una política de Estado para la persecución de estructuras criminales es necesario si se da el caso de que estos actores no se quieren acoger a la oferta de sometimiento del gobierno, “mi temor es que si el gobierno tramita ley y dice listo hay oferta: tómela o déjela, la opción de dejarla es una opción desfavorable y eso tiene que ver mucho con si hay política de Estado de persecución en contra de estas organizaciones”.

Aseguró que las bandas leen los fenómenos y que el país ya está habituado a sacar este tipo de normas que permiten el acogimiento a cambio de beneficios. No obstante, dijo que el Estado debe preparar el sistema judicial, pues cree que en el caso de que muchas estructuras se acojan a la ley de sometimiento se necesitará jueces y fiscales para atender el proceso.