Política

Pese a ser proyecto del Gobierno, ICBF criticó reforma que despenalizaría el incesto

Aunque entienden la finalidad del proyecto de humanización de política carcelaria, en Bienestar Familiar se oponen a dos puntos contrarios a su visión.

A pesar de ser una reforma impulsada por el Gobierno Petro, desde el ICBF muestran fuertes reparos al proyecto de humanización de la política carcelaria (Cortesía)

A pesar de ser una reforma impulsada por el Gobierno Petro, desde el ICBF muestran fuertes reparos al proyecto de humanización de la política carcelaria (Cortesía)

Congreso

Para las sesiones extraordinarias en el Congreso, que convocó el Gobierno nacional, las primeras iniciativas en radicarse fueron el PND y el proyecto de humanización de la política carcelaria. Este último, aunque no es el proyecto más importante para el ejecutivo, sí fue el primero en obtener mensaje de urgencia, para que se agilice su trámite y se pueda aprobar lo más pronto posible.

Pese a la decidida intención del Gobierno Petro de impulsar y avalar la iniciativa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad del propio gobierno, mostró sus preocupaciones por algunos apartados. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, la delegada María Mercedes López aseguró que son dos puntos los que “afectan ostensiblemente” la razón de ser de la entidad.

“El primero de ellos es el tipo penal del incesto, que dicen que solamente regula aquella conducta ‘consensuada’ y que solo opera para adultos, lo que no es cierto. La comisión de este delito también puede afectar a los adolescentes entre los 14 y 17 años, que están en pleno crecimiento y formación sexual”, añadió la delegada.

Ambos puntos son dos tipos de delitos actuales que el proyecto quiere destipificar, para orientarse hacia una política carcelaria más restaurativa que punitiva. No en vano, añadió sobre este primer tipo de delito que “al pensar que se va a discriminalizar, lo deja abierto, sin protección, y estamos hablando de menores de edad que requieren de una protección constitucional superior”.

Otro de los factores que cuestionan sobre despenalizar el incesto es el tema del consentimiento. “Hay casos de aparente consensualidad, pero que realmente son el producto de formas de abuso soterrado, y que se previenen justamente con tipos penales como el incesto. ¿Cómo podría uno decir que es consensuada la relación entre un adolescente con su abuelo o con su padre? Figuras que como cumplen un rol importantísimo en el crecimiento del ser humano, sobretodo de autoridad”.

También cuestionaron si quitarle el carácter punitivo a la práctica del incesto va a tener un efecto significativo en la intención de enfrentar el hacinamiento carcelario. “Actualmente, con corte al 22 de septiembre del 2022, en las cárceles de nuestro país tenemos condenados solo a 25 ciudadanos por ese delito. ¿Será que 25 personas afuera de la cárcel impacta favorablemente la descongestión carcelaria?”, planteó López.

La segunda preocupación del ICBF, de acuerdo con la funcionaria, tiene que ver con despenalizar el delito de inasistencia alimentaria, el cual se basa en incumplir el dar alimentos a quienes por ley tengan este derecho, “entre quienes están, los hijos, cónyuge, padres, nietos, hermanos”. Frente a este particular indicó la delegada que “es una de las herramientas que está a la orden del día de nuestros defensores de familia, cuando se trata de adelantar los procesos de restablecimiento del derecho”.

De manera general, y antes de la intervención del Bienestar Familiar, el ministro del Interior Allfonso Prada hizo una defensa del proyecto y respondió a críticas relacionadas con la destipificación de delitos. “No penalizarlas, no tipificarlas con consecuencia punitiva intramural, no significa que estemos reforzando el quehacer de esa conducta. Para nada”, declaró también en esa audiencia.

Una vez finalice este punto de escucha, de las audiencias públicas convocadas por distintos sectores, el proyecto pasará a su primer debate. Como tiene mensaje de urgencia, esta primera discusión será de manera conjunta entre la Comisión Primera de Cámara y la de Senado. Después de aprobarse allí, pasaría a las plenarias.

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