Fiscal Barbosa: “No soy subalterno del presidente”

Una verdadera polémica ha desatado en el país la propuesta de ‘paz total’ realizada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación, el pasado viernes respondió negativamente a la solicitud de levantar las órdenes de captura a 16 jefes paramilitares pertenecientes al ‘Clan del Golfo’ y al grupo delincuencial ‘Los Pachenca’.

Esa institución aseguró que dichas organizaciones no tienen un estatus político, que son herederas de estructuras paramilitares y ante esa situación, solo podrían adelantarse acercamientos y conversaciones con el fin de que se sometan a la justicia y sean desmanteladas.

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en diálogo con 6Am Hoy por Hoy de Caracol Radio, se refirió al tema y aseguró que la entidad actuó bajo las normas que establece la Constitución y que tienen que haber límites para la denominada ‘paz total’.

“La Fiscalía apoya la paz total, pero tiene que haber unos límites, esos límites para nosotros se producen en este caso concreto (...) las denominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, son organizaciones criminales, no tienen un carácter político. Es importante decir que esta es una decisión que se fundamenta en la Constitución y la ley”.

El fiscal aseguró que estos son delincuentes ordinarios, lo que quiere decir que tienen que tener un sometimiento y para poder levantar esas órdenes de captura tiene que haber una ley de sometimiento en el Congreso, que tenga cumplimiento de los estándares constitucionales.

Más adelante, Barbosa aseguró que si el gobierno insiste en suspender esas órdenes judiciales, se emitirá una resolución. “Nosotros no vamos a cambiar esa posición, nos mantenemos sobre ese criterio. Cualquier tipo de manifestación que haya por parte del gobierno nacional se responderá con una resolución judicial”.

Y agregó que, “Yo no soy subalterno del presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y la ley y el presidente tiene el derecho de poder solicitar con fundamento de sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición y yo tengo la facultad de decir que no, cuando no encuentro razones suficientes”.

El funcionario aseguró que “es necesario que exista una comunicación leal frente a la Fiscalía General de la Nación, porque la Fiscalía no es subalterno del Ejecutivo en Colombia y en ese orden de ideas así seguiré cumpliendo mis funciones como fiscal”.

Dijo que en el caso de presentarse una solicitud en relación a capturados con fines de extradición, “yo no voy a incurrir en delitos de obstrucción a la justicia en Estados Unidos firmando estás órdenes de captura. No voy a manchar el nombre de la Fiscalía, ni mi nombre, ni el de las personas que me rodean haciendo actos que van en contra de la institución y la ley”.

“Nosotros esperamos que más allá de las discusiones políticas podamos avanzar en que se presente una buena ley de sometimiento. Incluso he conversado con Roy Barreras, presidente del Congreso y me dice que respalda la decisión de la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura contra esos sujetos”.

Juez que otorgó libertad a jóvenes de la primera línea

En los últimos días, la Procuraduría General de la Nación denunció penalmente a la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas por la presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción, al haber ordenado la libertad de dos jóvenes de la primera línea que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno nacional.

Sobre el caso, el fiscal Barbosa aseguró que no se realizó el procedimiento como la ley lo indica y la jueza será investigada por la Institución.

“Esta jueza no repartió ni asignó esos procesos y ordenó la salida de esas personas. En los próximos días la llamaremos a un interrogatorio, para que en el marco del debido proceso, con su abogado, explique las razones jurídicas que sustentaron la suspensión de las medidas de aseguramiento sin haber convocado a las partes, eso derivado de la denuncia de la Procuradora”.

Caso de abusos a menor en el Guaviare

Se cumple poco más de un mes de la publicación del artículo realizado por el periodista Gerardo Reyes, quien narró cómo presuntamente menores indígenas de la comunidad Nukak están siendo violadas por civiles y militares.

Según, el reportero, este caso se presenta debido a que “civiles y militares se aprovechan de la crisis alimenticia para inducir a menores de edad a tener relaciones sexuales a cambio de comida, a veces por el equivalente a dos dólares o una dosis de pegamento químico que ellas inhalan para ahuyentar el hambre”.

En medio de las graves denuncias el fiscal Barbosa aseguró que de acuerdo a la trazabilidad de las investigaciones, esas denuncias no serían ciertas.

Dijo que la última semana se ha hablado del caso puntual de una menor de edad de 10 años que habría sido violada por un militar extranjero, en donde se afirma que la menor quedó en estado de embarazo y le practicaron una cesárea de emergencia.

“Se envío a un grupo especializado de la Fiscalía al departamento del Guaviare y tengo que decir que es una absoluta bellaquería haberse inventado un medio de comunicación tremenda falsedad... En primer lugar, se entrevistó al director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y manifestó que no ha tenido conocimiento de información de ningún tipo de ese caso, además aseguro que, en una entrevista con un medio de comunicación hizo referencia a otro caso de agresión sexual en el 2019 que tiene que ver con militares colombianos, proceso que si está en la Fiscalía”.

Aseguró que desde el ente investigador se buscaron las carpetas del ICBF entre el año 2018 y 2020 y “no se encuentra ningún reporte de los hechos narrados por el medio de comunicación. Se entrevistó con la defensora de familia quién aseguro que nunca ha llegado información del caso de la niña de 10 años abusada por ningún militar norteamericano, se entrevistó al cuerpo de salud del Hospital Central de Guaviare, teniendo en cuenta que el informe dice que un tío llevó a la niña a practicar una cesárea y la gerente manifiesta que no conoce ningún caso que tenga relación con una menor de edad y se consultó en la Registraduría y no existe registro de nacidos vivos entre el 2015 y el 2022. Incluso, la comunidad Nukak reportó que no conoce ningún caso de esta naturaleza”.

Agregó que, “no hay ninguna posibilidad de que eso sea cierto porque se habla de un embarazo y le estoy dando la toda la trazabilidad médica y clínica de todo el departamento de Guaviare, en dónde se dice que no ocurrió esta circunstancia”.

Odebrecht

Caracol Radio conoció que el próximo 1 de febrero la Fiscalía imputará cargos a una de las fichas de los subcontratos ficticios en el escándalo de Odebrecht. Se trata de Adriana Milena Alzate Arango, a quien la Fiscalía le imputará el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

Sobre el caso, Barbosa aseguró que “unificamos con la Corte Suprema Justicia un proceso que estaba completamente disperso. Este es un caso en el que hay más de 500 empresas que contrataron directa o indirectamente y que tuvieron relación con Odebrecht. En ese sentido, existen actores que coartaron a la administración pública, para celebrar contratos ficticios y obtener indebidamente sumas de dinero”.

“Estaremos formulando acusaciones contra personas que han pasado de agache en Odebrecht y es importante porque esa tarea la voy a dejar lista con todos imputados y la instrucción es que avancemos a las acusaciones de todas esas personas, para que cuando llegue el nuevo fiscal no echen para atrás las imputaciones, sino ya tengan que de una vez enfrentar sus procesos con los abogados”.

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