Procuraduría formuló cargos contra cuatro exfuncionarios de la Gobernación de Boyacá

Habrían pagado cuatro veces el valor real de un predio en el Gobierno 2012- 2015

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra 4 funcionarios de la Gobernación de Boyacá para el periodo 2012-2015, por presuntas irregularidades en compra de un lote por $1.518 millones que sería destinado para la construcción de un parque científico, tecnológico y de innovación del sector Minero-Energético, sin embargo, se habría pagado cuatro veces el valor real del predio.

Según el ente de control, los funcionarios implicados son: María Anayme Barón Durán, secretaria de Hacienda y Delegada para la contratación de Boyacá; Yanneth Álvarez Moreno, Directora de Planeación Territorial; Mario Orlando Niño Avendaño, Secretario de Minas y Energía y, Luis Gerardo Pérez Villamarín, funcionario de Minas y energía.

De acuerdo con la investigación adelantada por el Ministerio Público: “Los estudios de prefactibilidad y el plan maestro para la construcción del parque, recomendaron adquirir el lote en el municipio de Tópaga, incluyendo la ubicación exacta del terreno, de 32.200 metros cuadrados, y un diseño preliminar de las instalaciones físicas que lo conformarían”.

La Gobernación sin una confirmación previa sobre las características del lote, contrató un experto de Asolonjas para que adelantara el avalúo comercial, que estableció el precio total de $1.518.200.000.

Al final del periodo gubernamental del año 2015 el predio fue pagado, comprometiendo además recursos de la vigencia 2016, y con la llegada de funcionarios de la nueva administración de 2017, adscritos a las Secretarías de Minas e Infraestructura, tras una visita técnica al sitio identificaron irregularidades como: “Existencia de una vía que lo atraviesa, riachuelos que lo recorren, terreno con cárcavas que lo mantienen anegado y, algunas explotaciones mineras con títulos vigentes. Adicionalmente sin la certeza sobre sus verdaderos linderos”.

En una nueva revisión sobre el proceso de avalúo se concluyó que, el lote debió costar cerca de $427 millones, por lo que habrían casi cuadriplicó su precio.

“Siendo un predio con intereses públicos, el valor comercial no debía superar el doble del valor catastral del metro cuadrado, que era de $13.285; sin embargo, en el avalúo comercial el valor adoptado fue de $47.444,72 por metro cuadrado”, se concluye en el auto.

Finalmente, la Procuraduría indicó que: “Los funcionarios habrían incurrido en presunta falta disciplinaria al participar en la etapa precontractual, aprobar los estudios previos, y celebrar contrato de compra sin que dicho predio correspondiera con las características de inmueble establecidas en los estudios de prefactibilidad y plan maestro para la creación de parques científicos, tecnológicos y de innovación de los sectores minero energético y agroindustrial en el departamento de Boyacá. Las conductas se calificaron provisionalmente como gravísimas a título de dolo”.