Norte de Santander, segunda zona del país con mayor área cultivada con hoja de coca
Según lo alertó la Procuraduría esto se da por su situación geográfica en zona de frontera con Venezuela, que ha resultado atractiva para varios grupos armados ilegales
Hoja de Coca / Getty Images
La Procuraduría General de la Nación alertó sobre el aumento y concentración de cultivos ilícitos en zonas de frontera de Norte de Santander. Según el más reciente informe del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de las naciones unidas (SIMCI) este departamento es la segunda zona del país con mayor área cultivada con hoja de coca por su situación geográfica al estar en zona de frontera con Venezuela, que resulta clave para los grupos armados ilegales por la conexión que les permite activar las rutas de narcotráfico.
La Procuradora Margarita Cabello aseguró que:
“La concentración de cultivos trae consigo un aumento en diferentes variables. por ejemplo, incrementan las minas antipersonales, municiones sin explosionar y los artefactos explosivos improvisados; aumenta la probabilidad de violación de derechos humanos por, entre otras cosas, el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales; y, evidentemente, se termina promoviendo la corrupción y la violencia”.
Según el Ministerio Público la situación es compleja en los municipios de Sardinata, Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto y Tibú que conforman la subregión del Catatumbo.
La poca presencia del Estado hace que los grupos armados ilegales se disputen el control social generando incertidumbre, inseguridad alimentaria, más cultivos ilícitos, corrupción, y miedo a denunciar por parte de líderes y lideresas.
Por otro lado, dieron a conocer que los otros riesgos que se presentan por el aumento los cultivos ilícitos son los confinamientos, extorsiones, amenazas, constreñimientos y las estigmatizaciones provenientes de todos los actores del conflicto.
Reiteraron finalmente que el Ministerio Público verificará rigurosamente el cumplimiento de las rutas de atención establecidas por la ley e iniciar acciones disciplinarias contra aquellos funcionarios que las desconozcan.