“Los nativos son víctimas de despojos”: veeduría sobre invasión de tierras en Barú

El veedor Héctor Pérez aseguró que la procuradora Margarita Cabello se llevará sorpresas en la indagación previa que adelante el ente de control

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Tras el anuncio de la Procuraduría de abrir indagación previa por presunta invasión de tierras en la zona insular, el director de la Veeduría Popular por Cartagena y Bolívar, el abogado Héctor Pérez Fernández, dijo que el ente de control se encontrará con varias sorpresas teniendo en cuenta que los nativos han sido víctimas de presuntos despojos por parte de particulares con grandes intereses económicos.

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“La procuradora se equivoca cuando habla de invasores cuando realmente se encuentra son los propietarios ancestrales de esas tierras en Playa Blanca y en la hacienda Santa Ana en Barú. También complace que la procuradora al fin se interese en esto porque hace décadas los nativos estaban pidiendo justicia, pero ahora ella se mueve pretendiendo defender unos intereses particulares y se va a llevar una sorpresa”, manifestó.

Pérez Fernández dijo que existe “cúmulo de pruebas” de cómo ilegalmente manipulando demandas en juzgados fueron despojando a los nativos. “Tendrá que dar explicaciones la procuradora en la audiencia pública a la cual ha sido invitada que se llevará a cabo por el Congreso precisamente para ventilar este conflicto en la hacienda Santa Ana en Barú” sostuvo.

El veedor explicó que la hacienda Santa Ana fue comprada por 94 colonos o comuneros mediante la escritura 129 del 1887 de la notaría primera de Cartagena debidamente registrada en el antiguo sistema y en el nuevo sistema donde tiene la matrícula 060-123581, la cual fue cancelada hace unos años, pero que en ningún momento desconoce los derechos adquiridos con anterioridad.

“150 años de propiedad de la hacienda Santa Ana que incluye Playa Blanca es una propiedad común y proindiviso es una comunidad. Los señores que hicieron ilegalmente esas pertenencias ponían la demanda contra personas indeterminadas, eso no es posible siendo que había una escritura y una matrícula vigente y se tenían que notificar a los 94 comuneros, pero nunca se hizo. Ellos no podían hacer esos juicios de pertenencias sobre unos terrenos cuya propietaria es la comunidad”, expresó Pérez.

EL veedor denunció que en la oficina de registros se perdieron los libros donde aparecían las medidas de la hacienda y puntualizó que los herederos han intentado múltiples veces registrar sus fallos sucesorios.

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“Hay una mano negra que busca que esto no se realice porque van a salir a ventilar cientos de matrículas inmobiliarias fraudulentas que van a ser canceladas y en últimas anuladas. La procuradora se va a llevar tremenda sorpresa pues los intereses de las personas que ella quiere proteger, realmente son unos despojadores de las comunidades”, concluyó.

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