Quitarse el condón sin consentimiento podría dar hasta 8 años de cárcel

Al Congreso de la República llegó un proyecto de ley que busca penalizar la práctica sexual conocida como ‘stealthing’, que consiste en retirarse, sin haberlo acordado, y en medio del coito, el condón. Se plantean desde sanciones económicas hasta privativas de la libertad.

“El proyecto trata de prohibir las prácticas de ‘stealthing’, el retirarse el condón o el preservativo de su miembro viril sin consentimiento por parte de la pareja con la que se esté conteniendo un acto sexual”, precisó el autor de la iniciativa ya radicada, Julian Peinado.

Esto, según añadió el congresista del Partido Liberal, “con el fin de evitar riesgos a la salud, la integridad física, y, en efecto, riesgos a la vida. Se ha vuelto una práctica tan recurrente, que hoy en día no está tan estudiada, pero que atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de los colombianos”.

De convertirse en ley, quienes llegaran a incurrir en esa práctica podrían pagar hasta ocho años de cárcel, explicó Peinado. “Entendiéndose que es un delito sexual, puede ser calificado o puede tipificarse con una pena de restricción de la libertad, de cuatro hasta ocho años”, dijo. 

Sin embargo, también puntualizó que “hemos planteado, porque puede ser mucho más funcional para el afectado, que por ejemplo se obligue a aquella persona a practicarse pruebas de enfermedades sexuales, para que sean entregadas a la persona que tuvo el contacto, pero también se impondrían multas económicas, que  impliquen una sanción monetaria en favor de esa persona”.

Sobre los mecanismos para confirmar la veracidad del ‘no consenso’, el congresista reconoció  que “el proyecto en la parte probatoria, como sucede con muchos de otros delitos, es de difícil prueba. Sin embargo, no le corresponde al órgano legislativo asumir la carga de la prueba o la práctica de la misma. Es cuestión de los jueces determinar, en particular, con los elementos que le soporten las partes, tomar una decisión de sí es culpable o no”.

La iniciativa comenzará su trámite legislativo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Para que pueda materializarse deberá superar en total cuatro debates entre Senado y Cámara.