Fin de la erradicación forzada, ¿qué desafíos enfrenta el Estado?

Hoy en Hora20 un análisis a las decisiones que empieza a tomar en materia de seguridad. Se debatió sobre la decisión de suspender la erradicación forzada y priorizar la erradicación manual y el diálogo con las comunidades. También una mirada si realmente los cambios en el Esmad representan una transformación de fondo.

Un cambio empieza a tener la manera como el gobierno nacional se enfrenta a los cultivos ilícitos, esta mañana el director de la Policía, Henry Sanabria en entrevista con El Tiempo aseguró que se han suspendido los procesos de erradicación forzada y que en adelante se priorizará la erradicación voluntaria y la sustitución en ciertos puntos del país donde se ha dado un diálogo con las comunidades. Además, aseguró que la única directriz es que se le solicitó a la ANLA no dar continuidad al permiso que buscaba reactivar las aspersiones aéreas con glifosato. Con estas decisiones el director de la Policía considera que se garantiza una menor afectación a las personas “que deben menos en el tráfico de drogas”. La erradicación forzosa se convirtió en uno de los ejes de la lucha contra las drogas en el último gobierno. en el país según el reporte de la Casa Blanca hay unas 234 mil hectáreas de coca, mientras que el gobierno nacional reportó que entre enero y mayo se erradicaron 24 mil hectáreas a través de un plan de priorización. Sin embargo, ha sido un método criticado por las comunidades, pues a mayo se habían registrado 33 bloqueos, 26 asonadas y 4 hostigamientos entre las comunidades y la Fuerza Pública al momento de la erradicación.

Esta decisión se suma a lo dicho esta tarde por el ministro de Justicia, Néstor Osuna al plantear que en Colombia no se va a legalizar la cocaína en este gobierno. Una declaración que se dio antes del encuentro entre el presidente Petro y una comisión enviada desde Washington en el que se habló de la política antidrogas entre ambos países, del diálogo resultó que el eje de la política entre ambos países será la prevención y el tratamiento. Así como el uso de alternativas a la excarcelación y abordar el problema de las drogas desde un “contexto más amplio”, además, la designación de $2 millones de dólares en prevención al consumo.

Lo que dicen los panelistas

Para Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista, la atención integral al problema es la clave, “la tasa de resiembra en erradicación forzada es 5 veces superior a municipios PNIS. Erradicación forzada no es efectiva, genera conflictos, riesgos para la Fuerza Pública y por eso es una buena noticia que se hable de erradicación voluntaria”. Agregó que los programas de erradicación no funcionaron cuando no se tuvo en cuenta con la comunidad; “esto no se resuelve sin política de seguridad y sin política de drogas”. Por otro lado, planteó que este es un tema de salud pública seguridad, integralidad territorial y reconstitución de gobernanza en territorios.

María del Rosario Guerra, exsenadora de la república y exministra, afirmó que con esta decisión vamos para un narcoestado por el cual luchamos que no hubiese. “Algunas de estas decisiones nos llevan a que haya más coca y a que esas redes del narcotráfico se acentúen”, destacó que el gobierno envía mensajes contradictorios frente a legalización y lucha contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, “queda en el ambiente que no se va a combatir microtráfico y no sé cómo se va a combatir red de narcotráfico”.

También afirmó que no es bueno plantear que el tema es con campesinos, cuando se sabe que el Acuerdo de paz que daba $36 millones por familia para erradicar, pero afirma que hubo incentivo perverso en la siembra de coca. “La gran preocupación es que, si no luchamos contra redes de narcotráfico y microtráfico, esto tiene repercusiones sociales devastadoras ante incertidumbres del gobierno Petro”, concluyó.

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, planteó que el fin de la erradicación forzada es solo una pieza de un gran rompecabezas, “lo que propone Petro va hacia legalización de drogas. Se puede sembrar, no van a perseguir campesinos, se habla de regular mercado”, en ese sentido comenta que ante un fracaso en la guerra contra las drogas, “la decisión es acabar con la guerra contra las drogas; es un experimento y puede que funcione”.

Resaltó que se ha dicho que regularizar de manera unilateral es complejo, “pero quién quita poner puntos diferentes”.

Para Jorge Restrepo, economista, profesor universitario, columnista y director del CERAC, la decisión del gobierno es valiente en términos de cambio de política, “acá estamos acostumbrados a poco cambio en política antidrogas y esto desactiva conflictividades”. Agregó que el país se metió en lógica de que el problema es cultivo, cuando fabricación y tráfico no es un problema con los campesinos, “no se resuelve ni siquiera con sustitución”, afirmó.

Agregó que los campesinos esperan programa de sustitución y pronto se debe enviar señal para que cultivadores de coca no se pongan a sembrar con la expectativa de que se les va a ofrecer programa de sustitución, “aquí el gobierno entrante no estaba listo para tomar esta decisión de política, entonces suspende erradicación forzosa, pero no hay política de sustitución con incentivos adecuados”.

María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, explicó que la decisión del gobierno trata de solucionar algunos problemas, pero destaca que los conflictos del campo no se resuelven solo con la erradicación forzada, “la sustitución es mucho más efectiva”, pues destaca que la tasa de resiembra es cinco veces mayor en la erradicación forzosa, “no se resuelve problema de los campesinos y genera violencia en los territorios; los campesinos piden que no se les trate como criminales y que se cumplan los compromisos del PNIS”.

Resaltó que esto era lo primero que había que hacer para generar confianza en los territorios, “el anuncio genera mensaje de restablecer confianza”, pero advierte que para hablar de formalización de la tierra, se necesita toda una batería de ejecución como resolver los compromisos no resueltos.