Corte ordena crear ‘Plan Urgente de Reacción y Contingencia’ para Nariño

Con una programación específica, con la presencia de todas las autoridades, y con la mayor diligencia posible, el Gobierno Nacional debe crear un Plan Urgente de Reacción y Contingencia, para solucionar, de manera temporal –pues los planes estructurales deben seguir-, el riesgo que corren las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas Awá y Eperara-Siapidaara que habitan el Pacífico nariñense.

Esto por orden de la Corte Constitucional, que visitó la zona tras los homicidios de 7 personas de Alto Mira y Frontera, el desplazamiento de la Junta de Gobierno de esos municipios y el homicidio de José Jair Cortés Godoy el 17 de octubre.

Al ver al panorama la Corte le ordena al presidente de la República, Juan Manuel Santos, crear una Comisión Institucional de Alto Nivel con todas las autoridades incluida la Gobernación de Nariño, y los alcaldes de los municipios más afectados: El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Iscuandé, Mosquera, Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan, Francisco Pizarro y Tumaco.

Dicha comisión tiene por orden del alto tribunal 2 meses para formular el plan, en el que como mínimo, se deben coordinar las entidades; se deben gestionar los avances en el cumplimiento de las medidas contempladas en el proceso de paz y las políticas para la población desplazada; se debe definir un sistema de focalización para la intervención en los cultivos ilícitos; y establecer medidas que aseguren la disponibilidad presupuestal para adoptar todas las medidas.

Las entidades que participen en el mismo, deben entregar sus informes en tres meses, y el 15 de febrero de 2018 el Gobierno debe entregar el informe general sobre su puesta en marcha.

Al Departamento Nacional de Protección, DNP, la Corte también le impone un límite de tiempo para que adelante las medidas de seguridad en favor de los líderes y lideresas y autoridades étnico-territoriales. Este consta de un mes, cuando deberá entregar el primer informe sobre sus acciones.

Y además, le pide a la Fiscalía que investigue y que garantice su presencia en los municipios señalados.

En la zona del Pacífico nariñense están las “Guerrillas Unidas del Pacífico, Gente del Orden, Guevaristas, ELN, Clan Pacífico, entre otros 50”, además la intención latente de las Autodefensas Unidas de Colombia para ingresar a la región y apropiarse de los cultivos ilícitos y la zona de influencia que tenía las Farc.

Hay amenazas de las disidencias del grupo que se desmovilizó, y confrontaciones con la Fuerza Pública que han generado desplazamiento.

Se registra desaparición forzada, secuestros, extorsiones, restricciones de movilidad, reclutamiento forzado, prostitución y drogadicción, además de los problemas que genera la minería ilegal y hasta septiembre, 308 homicidios en lo corrido del año.

Según la Corte Constitucional desde febrero de 2016 hasta la fecha habría 3.710 personas desaparecidas que corresponderían a 1.107 familias.

La Corte identificó en la gestión de los programas del gobierno la ausencia de un acompañamiento real, pues quienes acompañan los procesos, desconocen el territorio.

También, una “falta de liderazgo” por parte de la Unidad para las Víctimas; falta de claridad en las partidas presupuestales para ellas y problemas en los modelos implementados como los Comités de Justicia Transicional.