Lo complicado de la implementación

Comienza la implementación del acuerdo de La Habana en el Congreso de la Republica. Ya sea con Fast Track -vía rápida- o por vía ordinaria el camino será complejo. Obviamente, el primer escenario sería mucho mejor, pues garantizaría que el limbo jurídico sea de corto tiempo, además permitiría que los resultados de la implementación se percibieran más rápido en el territorio.

La vía ordinaria será un verdadero viacrucis. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el modelo de justicia transicional escogido para terminar el conflicto, es un acto legislativo, por ende, su trámite por vía ordinaria tardaría un año legislativo, además después de su aprobación se requeriría una ley estatutaria y luego poner en marcha lo aprobado. Bajo esa circunstancia, en el mejor de los casos, la JEP estaría lista para principios del 2019, es decir, en poco más de dos años. Por el mecanismo abreviado para agoto de 2017 podría estar lista. Lo mismo se puede decir de varias reformas centrales en el acuerdo de paz.

Otro de los asuntos se refiere a la capacidad del Congreso de la Republica para modificar las leyes y actos legislativos que se presenten con el objetivo de implementar lo acordado. Bajo un mecanismo especial el Congreso solo puede aprobar o no aprobar las leyes y actos legislativos. Mientras que bajo la vía ordinaria se podrían introducir todo tipo de modificaciones, esto no solo alargaría la discusión para la aprobación de las mismas, sino que las harían inoperantes. Como se sabe el Congreso de la Republica intentaría bloquear a toda costa los avances progresistas en temas de Tierras y en asuntos de reforma al Sistema Electoral colombiano. Por ejemplo, una de las cosas que el Congreso, de no ser bajo un mecanismo especial, no aprobaría, es la reforma al órgano electoral o la Auditoria al Censo Electoral.

Pero lo más complicado se refiere a las mayorías en el Congreso y más aún cuando estamos entrando a la contienda electoral del año 2018. Tres fenómenos ocurrirán en los próximos meses. En primer lugar, el vicepresidente de la Republica renunciará entre enero y marzo de 2017, lo que podría llevar a que Cambio Radical no apoyará tan fácilmente varios asuntos sobre el proceso de paz, es decir, su apoyo podría verse comprometido, como en el tema de tierras o la JEP.

Seguramente no habrá una disputa directa entre Santos y Vargas Lleras, a ninguno de los dos les interesa tal enfrentamiento, pero muy seguramente Vargas Lleras para complacer su votación de derecha jugará a apoyar algunas cosas y otras no. de tal forma que restando los votos del Centro Democrático, algunos Conservadores y Cambio Radical, las mayorías quedarían muy justas para el gobierno Santos.

Lo otro que ocurrirá es el remesón ministerial, el cual se producirá entre enero y marzo, por lo menos cinco ministros y ministras renunciarían. La pregunta central es a quien el presidente va a complacer. Existen dos alternativas; o le cumple a los que les incumplió con cutas burocráticas en los últimos tres años, o cede a las presiones partidistas para lograr mayorías en el Congreso. Nuevamente como en el primer caso, de este remesón dependerá gran parte de la estabilidad legislativa.

Lo tercero que va a suceder en los primeros tres meses de 2017 son las bondades de la paz, es decir, los primeros resultados palpables de los acuerdos de La Habana. Así las cosas en caso que se comiencen a ver resultados en terreno, como la inversión en vías terciarías, la reducción de la violencia y la llegada del Estado a zonas abandonas la imagen del proceso mejoraría y la maniobrabilidad política del presidente mejoraría. Si no ocurre ello y se produce un limbo jurídico, el país se irá polarizando cada vez más y la gobernabilidad sería muy complicada para el presidente Santos en su último año de gobierno. Un año 2017 bien complejo le espera a Colombia.