Condenan a la Nación por desprotección a un sacerdote víctima de amenazas de las AUC
Se determinó que hubo omisión en las funciones por parte de la Policía Nacional.

(Colprensa/Archivo)

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte del sacerdote Jorge Luis Mazo Palacio y del ciudadano español Iñigo Telleira, ocurrida el día 18 de noviembre de 1999, cuando aproximadamente las 9:30 de la noche, la embarcación perteneciente a la ONG internacional “Paz y Tercer Mundo”, donde se movilizaban, fue impactada por una lancha que se dirigía a gran velocidad con personal perteneciente a grupos paramilitares, ocasionando el derribamiento de la embarcación y el arrastramiento por las corrientes del río de las personas que se encontraban en dicha embarcación y que les produjo la muerte por anoxia mecánica y encontrado su cuerpo dos días después.
Señalaron en la demanda que la Policía permitió al parecer que los grupos paramilitares actuaran sin obstáculos en la zona del Atrato donde sucedieron los hechos, quienes tenían conocimiento sobre la presencia de estos grupos ilegales y no cumplieron con su deber constitucional y legal de protegerles su vida.
Para la corporación judicial es claro que la zona bordeada por el río Atrato, era evidente, constante y normal la presencia de los grupos armados ilegales denominados AUC, quienes bajo amenazas a la población implantaron el terror y zozobra en la región, razón por la cual la Diócesis de Quibdó y la ONG Paz y Tercer Mundo se dedicaron a denunciar estos hechos no solo ante las autoridades locales y nacionales, sino también ante los organismos internacionales, lo que produjo gran malestar en el mentado grupo ilegal que veían amenazada su permanencia en esa zona.
De acuerdo a lo reseñado, no hay duda para la Sala, que le asiste razón a la parte actora cuando sostiene que la colisión de las dos embarcaciones fue un hecho intencional y premeditado del conductor, como represalias a los continuos señalamientos y acusaciones que tanto la ONG Paz y Tercer Mundo y la Diócesis de Quibdó hacían contra las autodefensas; señalamientos que, aun cuando no logró de un todo que el grupo ilegal desistiera de su actuar criminal, en algo le obstaculizaba; no pudiéndose decir lo mismo de la actitud de las autoridades nacionales y de la región, quienes nunca realizaron acciones para detener a los integrantes de esa banda criminal.




