Gobernabilidad y Democracia en América Latina

En Brasil la cámara baja aprobó el “impeachment” de la presidente Dilma Rousseff, dejando en manos del Senado la separación definitiva del cargo de la mandataria elegida para su segundo periodo en unas muy reñidas elecciones en 2014. Independiente de cualquiera que sea la decisión del Senado el daño está hecho y ya sea que Rousseff continúe en su cargo o que el vicepresidente Michel Temer asuma las riendas del gobierno, el margen de maniobra política es mínimo, como tampoco hay garantías que unas nuevas elecciones generales provean al gigante suramericano de los cimientos necesarios para asegurar gobernabilidad alguna. El crack del Estado en Brasil es significativo.

En Perú la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tiene como protagonistas a Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuscynski, dos candidatos que se representan a sí mismos pues hace años que los partidos políticos en Perú no son más que empresas privadas.

Sobre Venezuela no queda sino esperar que la horrible noche acabe en algún momento para el bravo pueblo víctima de una dictadura político-militar populista que ha aniquilado la economía, fragmentado sin remedio a la sociedad y creado una cultura política de confrontación, descalificaciones y violencia verbal y física.

En Guatemala, en un destello de dignidad institucional el presidente Otto Pérez Molina fue destituido por corrupción para ser ocupado su lugar por los mismos de siempre que llevan saqueando el país desde la independencia.

Argentina ya completa varias décadas de sufrir ese embeleco del “peronismo”, populismo in extremis, en el que cabe tanto la izquierda como la derecha, auto imbuido de un “derecho divino” a gobernar y cuando es derrotado en las urnas como ocurrió con la reciente victoria de Mauricio Macri, recurre a todas las artimañas posibles para socavar la gobernabilidad de quienes recibieron el poder en franca lid electoral.

La gestión de Enrique Peña-Nieto en la presidencia de México has sido un completo calvario personificado en los desaparecidos de Ayotzinapa, la desenfrenada violencia del narco, el control territorial por parte de bandas criminales y las dificultades de implementar su ambicioso plan de reformas.

Y así sucesivamente uno a uno, los países de América Latina enfrentan graves problemas de gobernabilidad y gobernanza, que parecen agravarse con el tiempo a medida que la sociedad está más empoderada por la tecnología y las redes sociales pero apática frente a la política tradicional, los partidos políticos desprestigiados y prácticamente acabados, una desigualdad lacerante en todo el continente, la corrupción desbordada y desbocada y un liderazgo que únicamente representa estrechos intereses particulares.

Impera un gran divorcio entre la sociedad y el Estado, asentado sobre instituciones frágiles, desequilibradas y corrompidas en las que el estado profundo, compuesto entre otros por la burocracia y gremios representativos de distintos sectores, se constituyen en un obstáculo infranqueable para las transformaciones que requiere le nueva sociedad del siglo XXI.

En momentos como la actual crisis económica en que la clase media comienza a percibir que su zona de confort está en peligro es cuando más visibles son las falencias de nuestros sistemas políticos, las elites se aferran al poder, sacrificando a algunos de los suyos si es necesario y las salidas propuestas suelen ser peores que la enfermedad.

Por la tanto como sugiere José Ignacio Moreno en el portal El Mundo de Venezuela “la gobernanza democrática se entiende que debe sustentarse en sistemas e instituciones políticas, en la descentralización y fortalecimiento de los poderes locales, en la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, la promoción de la autogestión y el desarrollo y fortalecimiento de redes y organizaciones de desarrollo social, dentro de un orden jurídico que garantice el Estado de Derecho”

El fortalecimiento de nuestras democracias pasa entonces por un complejo proceso de generar una cultura política participativa e incluyente y crear unas instituciones sólidas y transparentes en las que la sociedad deposite su confianza, primen las libertades individuales y queden firmemente establecidos los valores del colectivo nacional. Para llegar a esa cuasi-utopía hay un muy largo trecho que recorrer y sin certeza que algún día lo logremos.