Suspensión del uso del glifosato no tuvo argumentos jurídicos ni científicos: procurador
Alejandro Ordóñez ratificó que las razones para la suspensión del uso del glifosato fueron políticas.
(Colpresa / Archivo)
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, hizo un fuerte cuestionamiento frente a los cultivos de coca en Colombia, aseguró que en su momento cuando se dio la discusión sobre si debían o no suspenderse las aspersiones con glifosato el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, no dio argumentos jurídicos o científicos concretos que demostraran el verdadero riesgo del químico frente a la población civil.
Precisamente el jefe del Ministerio Público narró cómo fue que empezó la discusión del tema. “Trajo a colación un primer argumento donde decía que estaban cumpliendo una orden judicial de la Corte Constitucional y un segundo argumento que era de carácter científico” indicó.
Expresó que cuando se convocó al Consejo Nacional de Estupefacientes y él hace parte del “llamó al ministro y le digo de qué decisión judicial está hablando usted, me dice de un auto de la Corte Constitucional, el auto decía que le correspondería al Ministerio de Salud y de Medio Ambiente determinar los impactos por las fumigaciones con glifosato respecto a la vida de los tutelantes”.
Agregó que le dijo al ministro que le enviara “el estudio para saber cuál el impacto y me dice no hay estudio, y le digo ¿cómo así? Y me dice señor procurador estamos pensando en celebrar un acuerdo interadministrativo con una entidad y ellos me entregarán el estudio del impacto en diciembre de 2015, le dije entonces cómo ministro ¿no es cierto? La justificación no es cierta”.
Añadió que el ministro le dijo “hay un estudio científico que dice que el glifosato constituye un riesgo para la salud humana y yo le dije mándeme el estudio y me lo mandó pero yo ya sabía que existía un estudio del Invima referido a aquellas personas que manipulan cotidianamente el glifosato y eso no es aplicable a las fumigaciones”.
Por esta razón advirtió que “no tenían razones jurídicas ni científicas, tenían una razón política, era aceptar la exigencias de las Farc de que suspendieran esas fumigaciones porque los primeros beneficiarios son las Farc”.
