A pocos días de la tragedia, el Gobierno creó un tribunal especial, para investigar los delitos cometidos en la toma del Palacio. Esta instancia, en su informe del 17 de junio de 1986, consideró que el Presidente de la República no tuvo responsabilidad por las decisiones tomadas y que los mandos militares respetaron la orden de recuperar el edificio. En ese sentido, señaló al M-19 como único responsable.