Perú espera que rebeldes depongan las armas en Andahuaylas
Los peruanos esperan que hoy, lunes, los rebeldes del ultranacionalista movimiento Etnocacerista depongan las armas y se entreguen al Gobierno, para poner fin así a un conflicto que conmocionó al país al iniciarse 2005. Un comunicado del ministerio del Interior difundido a última hora del domingo informó de que el movimiento liderado por el mayor retirado del Ejército Antauro Humala había anunciado su decisión de "deponer su actitud subversiva" y someterse a la ley.
Lima - Los peruanos esperan que hoy, lunes, los rebeldes del ultranacionalista movimiento Etnocacerista depongan las armas y se entreguen al Gobierno, para poner fin así a un conflicto que conmocionó al país al iniciarse 2005. Un comunicado del ministerio del Interior difundido a última hora del domingo informó de que el movimiento liderado por el mayor retirado del Ejército Antauro Humala había anunciado su decisión de "deponer su actitud subversiva" y someterse a la ley. La nota oficial precisa que los rebeldes están dispuestos a "someterse a la ley asumiendo las responsabilidades que hubiere lugar y entregando las armas" el lunes. Ante ese hecho, el Ministerio "brindará las garantías para que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos". "El ministerio del Interior garantiza a los ciudadanos de Apurímac la tranquilidad pública y la vigencia del estado de derecho. En esa medida continúa con sus labores de patrullaje y protección de la vida y la propiedad pública y privada", dice la nota. Apurímac es el departamento en el que se encuentra Andahuaylas, a 832 kilómetros al sureste de Lima, donde un grupo de 150 Etnocaceristas tomó el sábado 1 de enero una comisaría en una acción armada que dejó cinco policías y dos civiles heridos, y retuvo como rehenes a once agentes. La acción violenta del grupo de Humala tenía como objetivo demandar la dimisión del presidente de Perú, Alejandro Toledo, por considerar que está "incapacitado" para gobernar. El Gobierno decretó el sábado el estado de emergencia en todo el territorio de Apurímac a raíz de la rebelión, que el domingo se cobró la vida de cuatro policías, entre ellos dos oficiales, atacados en una emboscada cuando patrullaban en Andahuaylas. Humala anunció el domingo a los periodistas que depondría las armas ante un intermediario neutral como la Iglesia o la Defensoría del Pueblo. El ministerio del Interior exhortó mientras a los alzados en armas a que depusieran "de inmediato" su actitud, liberaran a los once rehenes entregaran las armas y se sometieran a la justicia. Para ello les ofrecía "las garantías que la ley y el derecho establecen". Humala dijo que decidieron cejar en su propósito porque se lo había ordenado su hermano Ollanta, comandante del Ejército en situación de retiro, que está en Corea, donde ejerció como agregado militar en la embajada de Perú hasta la semana pasada. Antauro Humala acompañó a su hermano en un alzamiento militar contra el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) en octubre del 2000, después de que se descubriera en Perú una red de corrupción montada por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. "Nosotros depondremos las armas si es que se garantiza que la otra parte no nos disparará. Pido un elemento de garantía por la vida de mis huestes, elemento que hasta lo puede nombrar el Gobierno, yo no me opongo", afirmó Humala desde la sede policial que tomó. Posteriormente, dijo que entregaría las armas al mediodía del lunes "en presencia de la prensa y del pueblo" y "con respeto" a sus hombres, y no de noche. Esta postura difirió de la anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, quien manifestó que había tomado conocimiento de la decisión del grupo en rebeldía de deponer las armas. Ferrero dijo a los Etnocaceristas que podían hacerlo de inmediato saliendo de la comisaría para entregarlas a los contingentes de la policía y el Ejército que se encontraban "muy cerca" de la sede policial. El jefe del gabinete ministerial precisó que se respetará el derecho a la vida conforme a las garantías que la ley establece de los que se entreguen. El Gobierno desplazó desde Lima a Andahuaylas entre el sábado y el domingo al menos 400 miembros de cuerpos especiales de la policía para reforzar las operaciones contra los alzados en armas.




