IPI critica utilización de diversos medios de represión al periodismo

VIENA.---- El Instituto Internacional de Prensa (IPI) criticó que el periodismo en Latinoamérica se enfrenta a medidas represivas para impedir su ejercicio, incluidas amenazas de muerte que suelen conducir al asesinato y que se han convertido en hechos rutinarios en la región.
El "World Press Freedom Review 2000", informe anual de la organización de editores y directores de medios del mundo, dice que aunque no es específico del área, "la amenaza de muerte es una de las vías más extendidas para silenciar a los periodistas en América" y "su incidencia es tal que muchos la consideran mera rutina".
En ese sentido, subraya que "Colombia ha pasado a sustituir a Sierra Leona como el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la profesión periodística".
El IPI considera "perturbador" el fracaso de la actuación de Gobiernos y fuerzas policiales ante las denuncias de periodistas porque no se las toman en serio o porque no operan en consecuencia, y asevera que si se estudian los casos de asesinatos se descubre que esos profesionales habían sido anteriormente amenazados.
En cuanto a la aplicación de la amenaza de muerte, Argentina constituye "uno de los peores ejemplos" debido a las que han sufrido los reporteros y el propio diario "La Voz del Interior", en la provincia de Córdoba, y los de "FM Ciudad", según el IPI.
Pero la amenaza también se emplea en Guatemala y Paraguay, pues la directora de la agencia de noticias guatemalteca Cerigua, Ileana Alamilla, fue advertida de que "se cuidase", mientras que la "Radio Primero de Marzo" de Asunción fue amenazada de agresión.
En Brasil, organizaciones internacionales manifestaron su preocupación por la amenaza de muerte recibida por el periodista Almir Carvalho, editor del diario "A Palabra", y formulada por el prefecto de Alegre, Gilvan Dutra.
En Haití, la muerte del periodista y propietario de "Radio Haití" Jean Leopold ocurrió tras haber sido amenazado y fue un caso más en esta línea.
Otro aspecto preocupante es que "no hay separación o es escasa entre el poder político y el legislativo en algunos países, lo que lleva a que éste último sea complaciente con el primero", y todo ello "es otra amenaza a la libertad de expresión en la zona", por lo que "los periodistas no pueden esperar juicios justos".
"La importancia de que el poder judicial sea independiente para evitar desvíos de la justicia" se pone de manifiesto en la región, como revela la detención y encarcelamiento durante seis meses del periodista disidente cubano Víctor Rolando Arroyo por "acaparación" o "monopolización" de juguetes tras haber acudido a una juguetería para comprar artículos a niños con pocos recursos de Pinar del Río.
Igualmente, en Chile se ha registrado el caso del periodista del diario "La Tercera" José Ale Aravena, que fue condenado a 541 días de cárcel por "insultos" a Servando Jordán, ex presidente del Tribunal Supremo, y aunque fue dejado luego en libertad fue obligado a presentarse regularmente en prisión, pese a que cinco magistrados no hallaron cargos en su contra.
A ello se suma el que algunas leyes adoptadas en varios países de Latinoamérica intentan impedir la investigación periodística y evitar la capacidad de escrutinio del Gobierno por sus profesionales, asegura el IPI, que recuerda en este sentido el caso de Brasil, donde en 2000 se aprobó una norma para evitar que los funcionarios públicos, incluidos los policías, hablasen con los periodistas.
En este contexto, Panamá adoptó una ley para restringir el acceso a la información que "parece diseñada para evitar la publicación de información que sea embarazosa para los funcionarios públicos".
En otros países hay "Gobiernos paralelos", militares o de cárteles (de la droga u otros), que actúan desde fuera del poder legítimo, pero que presionan a la opinión pública, afirma el IPI, para el que son el "mayor obstáculo para la democracia en América".
En Guatemala, los profesionales de la información que intentaron investigar a las fuerzas de seguridad recibieron amenazas telefónicas de muerte y fueron seguidos por vehículos no identificados, hechos que han originado gran preocupación en la comunidad partidaria de la libertad de expresión y llamamientos a que el Gobierno se involucre más en la defensa de los periodistas.
Perú es otro de los países en los que el estamento militar parece tener una influencia ilegal en los asuntos de Estado, aunque la salida del presidente Alberto Fujimori el pasado noviembre "ofrece esperanza de que las conexiones entre el Estado y los militares han cesado".
Algunos Gobiernos, como el de Costa Rica, no desean que los medios de comunicación fijen su propia agenda y cancelan programas e informaciones cuyos contenidos pueden ser críticos.
Para el IPI, el cierre de periódicos y emisoras de radio "es otra de las formas favoritas de silenciar a los medios".