La Guajira: una potencia de la energía eólica que aún cocina con leña

En ese departamento están en marcha múltiples proyectos energéticos para aprovechar el gas, el sol, pero, sobre todo, el viento. Todos ellos anuncian la generación de empleo, principalmente durante el montaje. Lograr que tengan impacto social y mejoren las condiciones de vida de una región que padece hambre y sed parece ser el desafío más evidente. 

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La región enfrenta una transición empresarial que definirá, en buena medida, su futuro. Falta una década para que termine la concesión carbonífera del Cerrejón -que es su principal fuente de ingresos- y ya comenzó la etapa de producción de energías consideradas limpias. Aunque ha ido aprendiendo de sus errores y replicando buenas prácticas, el sector empresarial aún tiene muchas diferencias con las comunidades wayúu.

Las empresas han llegado a La Guajira motivadas por ciertas bonanzas. En otras épocas vinieron por sal, gas y carbón. Según el profesor Weildler Guerra Curvelo, las comunidades han ido aprendiendo a defender sus derechos y a conocer las normas internacionales y nacionales que les amparan. Guerra tiene origen wayúu, es antropólogo, PhD, columnista y, por ciertos azares, también fue gobernador. En su opinión, los nuevos inversionistas parecen no entender las particularidades culturales del pueblo wayúu porque consideran que el viento es simplemente un recurso que debe ser explotado, mientras para la cultura indígena los vientos son personas y cada uno tiene su propio carácter. Este académico cree que, al diseñar esta política energética, se perdió una oportunidad de convertir a la población wayúu en socia de los proyectos. Lamenta que el gobierno nacional haya sido, subraya, un agente de relaciones públicas de las empresas y no un árbitro imparcial que informara a las comunidades sobre sus derechos.

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Guerra advierte que aún no están claros los efectos ambientales, sociales, culturales y paisajísticos de miles de paneles y aerogeneradores y de largas líneas eléctricas de alta tensión. Alerta sobre empresas “desarrolladoras” poco conocidas que diseñan los proyectos, hacen unas primeras consultas con los clanes, pactan pequeñas compensaciones a los posibles afectados y luego venden sus proyectos a compañías más grandes. Recuerda que estos desarrollos eólicos no dejarán regalías y se construirán no en baldíos de la nación sino en un millón de hectáreas del principal resguardo wayúu. Se trata de la nación indígena más numerosa de nuestro país y que ha crecido considerablemente en los últimos años con la llegada de miles de personas de su etnia que estaban del lado venezolano. Uno de los problemas que tiene el Estado colombiano es que no sabe exactamente cuántos son; para este reportaje algunas fuentes calcularon un censo de 370 mil, pero otras estiman que la población wayúu pueden ser de 800 mil personas. Unos y otros coinciden en las tasas altísimas de analfabetismo que, para el municipio de Uribia, podrían llegar al 65% (con base en cifras de 2017).

Las empresas quieren que se cumplan sus cronogramas y las comunidades reclaman que se escuchen sus condiciones. La llegada de poderosas compañías nacionales e internacionales para aprovechar el boom de las energías renovables causa mucha expectativa. Hay quienes ven una redención en la llegada del sector privado ante la ya conocida ausencia estatal y una debilidad institucional casi patológica. Decenas de gobernadores elegidos, designados y encargados han terminado sancionados, destituidos o presos. En consecuencia, ni las comunidades ni las empresas pueden contar con un árbitro legítimo que pueda mediar en sus relaciones. Escuche el diagnóstico que hace Luis Baquero, de la mesa regional ANDI Más Guajira.

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Cuando el país habla de La Guajira, con frecuencia destaca su belleza natural o sus padecimientos por desnutrición, sed y pobreza. Estos problemas podrían ser aún más dramáticos en el futuro porque la región sufrirá de manera más drástica los efectos de la crisis climática que aumenta las temperaturas y hace aún más intensas las temporadas secas. Eso, para una población que lucha por su seguridad alimentaria, puede ser catastrófico. Hace tiempo este departamento vive tensiones por el uso del agua. Corpoguajira actualizará este año sus normas para que -la poca que tienen- pueda abastecer a su gente, a las minas, bananeros, palmeros, arroceros y a millones de chivos que parecen reproducirse sin control. Para intentar mitigar los efectos de la emergencia climática, esta autoridad ambiental dice estar sembrando 2 millones de árboles, principalmente en nacimientos y cauces de las escasas fuentes hídricas. Deberían hacer mucho más, pero la entidad se queja de tener cada vez más funciones, pero no más presupuesto. Su director, Samuel Lanao, dice que en los últimos diez años este se redujo a una décima parte como consecuencia de la reforma a la distribución de las regalías. El funcionario llama la atención del país porque considera que la nueva infraestructura de generación y transporte de electricidad podría contaminar el paisaje de este departamento con enorme potencial turístico y podría poner en peligro la diversidad de aves. Por ello, pide ordenar esas líneas en corredores cuidadosamente diseñados.

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En La Guajira están en marcha -al menos- 10 complejos eléctricos de empresas muy reconocidas que tratan de evitar errores que otras compañías cometieron en el pasado, particularmente en su relación con las comunidades. A todas ellas les preocupa, sobre todo, la seguridad. En los últimos días han sufrido robos de vehículos y equipos y ataques armados a sus empleados y contratistas. Aunque las autoridades hacen consejos de seguridad y despliegan tropas, ello parece insuficiente en una zona extensa y afectada por los problemas fronterizos.

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En los nuevos desarrollos energéticos hay inversionistas nacionales y extranjeros; unos de propiedad privada y otros que incluyen capitales públicos. Son los nuevos vecinos arijuna con quienes los wayúu deberán convivir durante las próximas décadas. Dos de ellos son propiedad de Celsia, una multilatina de origen colombiano que compró unos proyectos de generación eólica desarrollados por otras compañías, los unificó, fortaleció y ahora intenta obtener el visto bueno de comunidades y autoridades para generar casi 350 megavatios entre Maicao y Uribia. Esta compañía puso sus proyectos bajo la lupa de la ANLA intentando conseguir una licencia ambiental. Durante el proceso, se ha triplicado el número de comunidades (más de 100) a las que debe consultar. Los clanes pueden pactar con la empresa compensaciones que se traduzcan en proyectos relacionados con electrificación rural, agua potable o educación. Si aparecen inconformidades entre las partes, hay métodos definidos para solucionarlos durante las próximas 3 décadas. Escuche a Oscar Mauricio Gómez, líder socioambiental de Celsia.

Varios de los llamados “parques eólicos” estarán en Uribia donde viven, al menos, 160 mil integrantes de la etnia wayúu. Ese municipio, corazón de aquella nación indígena, es también el epicentro de la llamada “transición energética”. Allí, además, buscan gas y proyectan aerogeneradores costa afuera, es decir, grandes estructuras para aprovechar los vientos del Caribe, sobre el mar, al norte de la península. Como si fuera poco, Uribia alberga una línea férrea del Cerrejón que conduce el carbón hacia Puerto Bolívar, un muelle al servicio de la misma compañía. Al mismo tiempo, es uno de los municipios con cifras más preocupantes de necesidades básicas insatisfechas. Han llegado empresas que dicen ser muy responsables socialmente pero que no pueden reemplazar al Estado.

El gobierno Duque promovió millonarias inversiones en generación limpia que servirá al país, pero la electrificación rural, que debería llevar energía a las comunidades que serán vecinas de esos proyectos, no va al mismo ritmo. Dicho de otro modo: en las zonas rurales donde se producirá energía eólica hoy siguen cocinando con leña. Los planes para extender líneas eléctricas de alta tensión hacia el resto del país están listos, mientras los planes para llevar electricidad a las rancherías son más lentos.

Caracol Radio estuvo en la comunidad de Paraíso, en Uribia. Allí, como parte de la consulta para aprobar un proyecto eólico de Celsia, la comunidad recibió la promesa de soluciones con paneles solares para sus viviendas. Sus habitantes tienen un pozo y un jagüey, es decir, un estanque de agua lluvia del que beben las personas y el ganado. En medio de una extensa región semidesértica resulta un privilegio que comparten con sus vecinos, pero esperan que, con las compensaciones pactadas, puedan tener un micro acueducto alimentado por aguas obtenidas del subsuelo y luego potabilizadas. Sindy Mejía Pimienta es una de sus integrantes.

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En la comunidad wayúu de Tankamana hay una situación similar. Una población conformada por más de 40 familias, sin agua ni electricidad, añora que, al autorizar la presencia de una compañía privada, pueda obtener los recursos para superar las carencias. Rafael López, abogado wayúu, es uno de sus líderes y dice haber luchado en vano durante años para ser socios y no sólo vecinos de los proyectos eólicos. También lamenta que su comunidad haya terminado dividida durante el proceso de consulta previa porque sus integrantes no se ponían de acuerdo sobre el monto, la destinación y la administración de los recursos. Ni antes, ni durante, ni después de la llegada de los inversionistas dicen haber tenido acompañamiento de la alcaldía de Uribia ni de la Gobernación.

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Tanto en Paraíso como en Tankamana sienten que pudieron establecer un diálogo menos desigual con una empresa inversionista porque tenían líderes profesionales, pero saben que, en otras comunidades, donde el analfabetismo es frecuente, resulta improbable lograr una negociación justa.

Las empresas dicen estar ayudando a formalizar y capacitar a emprendedores de La Guajira para que sean sus proveedores locales e intentan acordar con las comunidades proyectos que mejoren sus condiciones de vida. Parece un buen primer paso, pero construir confianza entre estos nuevos vecinos probablemente tomará años.