Impuestos saludables, ¿cuáles son las ventajas y desventajas?

En Hora20 un programa para hablar de impuestos saludables, de política pública y de alimentación. Un análisis a la reglamentación en la ley del etiquetado; de los efectos en la industria cuando se impulsan estas iniciativas, así como una mirada a los efectos que tiene en el consumo de determinados alimentos cuando se aumentan los impuestos o se impulsa el etiquetado. Se habló también de las otras medidas que se pueden adoptar, de los ultraprocesados y de las propuestas con las que llega el nuevo gobierno en esta materia.

Desde hace varios años distintos países de la región han decidido impulsar a través de los llamados “impuestos saludables” y de un etiquetado frontal una estrategia de política pública para frenar el consumo de alimentos ultraprocesados que terminan desarrollando obesidad y enfermedades no transmisibles como la diabetes. En Colombia, según la última Encuesta Nacional de Salud de 2015, el 56 por ciento de la población entre 18 y 56 años tiene obesidad o sobrepeso, mientras que, en los menores de 18 años, sería de un 17 por ciento. En esa medida un estudio entre el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud establecía que el consumo de calorías, productos altos en sodio, azucares, grasas y fritos sería los responsables de la obesidad. Sin embargo, la publicidad tendría también una cuota de responsabilidad, pues se estima que es la responsable entre el 15 y el 40 por ciento de la obesidad en niños según estudios internacionales.

Frente a este panorama, en julio del 2021 se expidió la ley de comida chatarra, la cual establece una serie de normas en las que se debe advertir e informar al consumidor cuando un producto es alto en sodio, grasas y azúcares. Un año después, a punto de que se venza el plazo y en los días finales del gobierno saliente, no hay reglamentación para que esta ley se ponga en marcha, pero sí una resolución, la 810 que expidió el Ministerio de Salud días antes de que se aprobara la ley el año pasado; en esta resolución se establece que el etiquetado debe ser circular y hay advertencias positivas. DeJusticia presentó una demanda contra la resolución ante el Consejo de Estado, la cual ya fue aceptada con el fin de estudiar lo que ellos argumentan, es una resolución que va en contra de la evidencia científica, pues se consideraría que el sello octagonal tiene más impacto; que la advertencia positiva puede confundir al consumidor y hasta alertan que en la resolución el exceso de sodio en bebidas es de 150 mg por cada 100 ml, pero la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, es de 100 mg de sodio por cada 100 ml.

Lo que dicen los expertos

Mauricio Toro, politólogo, representante a la Cámara,planteó que, como autor del proyecto de etiquetado, este se concibe para tener un capítulo de educación en alimentación en universidades, colegios y familias; mientras que la segunda parte se concentra en que no se diga mentira por parte de los productores de alimentos, “que no se diga que es rico en vitaminas, fibra u orgánico cuando hay grasa, azúcar”. También planteó que los cambios en impuestos traen beneficios tributarios y menos costos para el sistema de salud, pues recordó que al Estado le cuesta mucho dinero atender enfermedades no transmisibles. “Tanto la OMS como OPS dicen que sí hay relación entre desestimular el consumo, con ahorro fiscal; Chile y México que lo han implementado”.

Para Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y vocera de la campaña “Dulce Veneno: el antídoto es la verdad”,estas medidas no son excesivas, sino urgentes para el país “porque es la única forma de decirle al país que lo que consume le hace daño y para disminuir consumo porque si no se logra se encarece el sistema de salud”. Planteó que la resolución 810 del gobierno es contraria a la ley y que por lo tanto no se debería aplicar, en la medida que no tiene respaldo científico, “es un doble gasto a la industria y cuando se regule lo van a tener que cambiar”.

Aseguró que industrias como las de bebidas azucaradas no se dejan regular y que no está bien poner en un mismo nivel a la ciudadanía que reclama por unas políticas que buscan proteger derechos de la ciudadanía, y a la industria, la cual considera, tiene unos intereses económicos.

Nano Barahona, profesor asistente de Economía en UC Berkeley e investigador de los efectos del etiquetado,recordó que en Chile la política del etiquetado arranca en 2016 y que según sus estudios la evaluación ha sido buena en la medida que las personas se pasaron a productos más saludables, “sobre todo en los que había información en lo que se creía que era sano y realmente no lo era”.

Detalló que los efectos del etiquetado en la salud son complejos de determinar, pues cree que la pregunta no debe ser si obesidad subió o bajó, sino mirar cuál sería el escenario actual si la política no se hubiera implementado. Por otro lado, comentó que la gente se pasó de los productos con sello de advertencia a los que no lo tenían, “el sello informaba a la gente y aprendió que estaba equivocada, en esa medida, deja de consumir lo que antes se pensaba era sano”.

Para Martín Jaramillo, economista, consultor y columnista,los impuestos saludables o el etiquetado no son una medida única, pues apunta que se trata más de un estilo de vida saludable, “es equivocado centrarse solo en bebidas azucaradas que son un blanco excesivamente enfocado por críticos. Sí debe haber hábitos de vida saludable que implica azúcar o sodio, pero a niveles normales”. En ese sentido, comentó que es importante pensar en los sustitutos en el caso de los impuestos a bebidas azucaradas, pues recuerda que en algunas regiones no hay acceso a agua potable o su valor es mucho más alto que el de una bebida azucarada, “hay que tener claro a la hora de distinguir el sustituto o puede terminar siendo equivocado”.

Agregó que no hay evidencia sobre el efecto que tienen estas políticas en la reducción del gasto en salud. También planteó que se debe enfocar en los efectos en la salud, porque en el recaudo plantea que puede representar $1 o máximo $3 billones de pesos, “el problema no es solo reducir el consumo de las bebidas, también es ver hacia dónde va a migrar y si eso no lleva a otros problemas”.