Deforestación en la Amazonía ¿Cuáles son las fallas?

En Hora20 un programa especial para hablar de medioambiente; deforestación y la crisis que vive buena parte de nuestra selva. Se habló de la actual temporada de incendios que afectan los ecosistemas, de las consecuencias en la calidad del aire y en la destrucción de los bosques, se debatió sobre las causas de la deforestación, de las consecuencias y de la efectividad de los planes de respuesta del gobierno.

La fotografía parece ser la misma. Inicio de año, altas temperaturas, temporada seca, manos criminales y el inicio de quema ilegal de bosques que duran semanas, la cual lleva a la afectación de los ecosistemas locales y que termina afectando la calidad del aire de ciudades como Bogotá y Medellín; este escenario fue el mismo que se vivió a inicios del 2020, del 2018, del 2016 y del 2014. Según el Ministerio de Ambiente, enero del 2022 alcanzó el nivel más alto en puntos de calor en los últimos diez años, contabilizando así hasta 1.200 alertas de incendios en departamentos como Guaviare, Caquetá y Meta donde se ubican los Parques Nacionales Naturales más afectados: Chiribiquete, Tinigua y Serranía de la Macarena.

Desde diciembre cuando inicia la temporada seca y se alerta del peligro de los incendios forestales, se contabilizan entre 40 y 80 mil hectáreas afectadas, lo cual se traduce en más de 112 canchas de fútbol, pues solo en 10 días se destruyeron 15 mil hectáreas de bosque en el departamento del Guaviare. Las causas están más que identificadas: ganadería expansiva; vías ilegales; especulación de tierras y la presencia de actores criminales como disidencias de las Farc o guerrilla del ELN. Al tiempo, el gobierno cuenta con estrategias como la Operación Artemisa que iniciará su fase número 14 con la que busca frenar los delitos ambientales, pues durante su funcionamiento ha detenido más de 500 personas; ha intervenido 21 mil hectáreas de bosque, ha sembrado 5 millones de árboles y espera resembrar 1.200 hectáreas.

Lo que dicen los expertos

Para Juan Pablo Ruiz, economista, profesor en la Universidad Externado y consultor del PNUD, el punto crítico no es apagar el incendio hoy, “era evitar la tala en octubre, noviembre, diciembre. Mientras Duque firmaba en Glasgow comprometiéndose a reducir emisiones, se talaba lo que hoy se quema”, por lo que cree que es necesario definir una estrategia en la que se evite que el terreno que hoy se quema, no termine en algunos meses ocupado por ganado. Aseguró que la deforestación requiere de recursos e institucionalidad, pero que hoy el país no desarrolla acciones a pesar de contar con los recursos para fortalecer la institucionalidad en las zonas afectadas.

Sandra Vilardy, profesora en la Universidad de los Andes y directora de Parques Cómo Vamos, planteó que los incendios forestales han generado la concentración de material particulado similar al contaminante de ciudades en la China, pues no es comparable con los niveles que hay en otros países de la región. Destacó que hace falta articular y distribuir las tareas, y aunque reconoce que el gobierno ha avanzado, cree que es insuficiente en matera de desarrollo territorial, incentivos y adaptación climática.

“El material particulado afecta la salud humana, pero también la ambiental, pues se pueden generar lluvias ácidas” destacando que, si este tipo de lluvia se llega a dar en terrenos afectados por la deforestación, la capacidad de regeneración natural se va a ver muy disminuida.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), aclaró que la deforestación, contrario a lo que plantea el gobierno, no está bajando, “estamos en 1.5 veces en promedio histórico de deforestación. Los Esfuerzos de prevención se perdieron cuando el país perdió el sistema de alertas tempranas”, señalando que se debe tener en cuenta por ejemplo el rol de las vías y carreteras como principal factor de expansión de la frontera agropecuaria, “¿dónde se controla esa maquinaria?”, se pregunta.

Por último, comenta que, aunque hay una buena intención de trabajo sobre todo del sector ambiental, aclara que este es un asunto de Estado, pero dice que se debe reconocer que, como estado, “hay otro que nos reemplazo”, al hacer referencia a la presencia de organizaciones criminales.

Elizabeth Barbudo, especialista en gestión social y ambiental, directora de la Corporación del Norte de la Amazonía, destacó que hay una reducida capacidad de la corporación para atender estas situaciones, “en Guaviare solo hay seis funcionarios de planta, eso dificulta el accionar; todo esto a pesar de tener financiación desde cooperación internacional”.

Explicó que programas como el de Pago por Servicios Ambientales ha funcionado al menos en el Guaviare, pero afirma que su mayor preocupación son las garantías para evitar que las áreas quemadas no sean ocupadas por prácticas ganaderas, pues concluye que hasta que las organizaciones sigan viendo mayor economía en talar árboles que en comprar tierra legal, el panorama poco va a cambiar.

Nicolás Galarza, viceministro de ordenamiento ambiental del territorio, destacó que en este gobierno se dio la inversión más alta de la historia para enfrentar el problema de deforestación, así como el impulso de leyes como la de Acción Climática y el desarrollo de la Operación Artemisa. Afirmó que la deforestación se ha reducido a pesar del pico que hubo en 2020 por la dificultad de desarrollar acciones en las áreas afectadas. “Hay un catálogo diverso que va desde Fuerza Pública, prevención, monitoreo, programas sociales, lo que nos dice los reportes sobre reducción de deforestación. Los resultados se están viendo y esto no se soluciona con una varita mágica”, pues difiere de las críticas planteadas por los panelistas ante la falta de prevención y articulación con las organizaciones.