Regreso de aspersiones con glifosato: ¿soluciona el problema de las drogas?

En Hora 20 un programa para analizar a fondo las implicaciones de un posible regreso de las aspersiones con glifosato al país, se debatió sobre los riesgos que generaría en términos ambientales y médicos; y sobre la efectividad como herramienta para combatir los cultivos ilícito. También una mirada a las alternativas en la lucha contra las drogas, como la sustitución de cultivos ilícitos.

Ni la carta de siete relatores de Naciones Unidas, ni las expresiones desde Washington en contra del glifosato, ni los innumerables estudios en varios países sobre la evidencia de los riesgos y efectos adversos, hicieron desistir al gobierno de Iván Duque de publicar esta semana el decreto 380 que reglamentaría el regreso de las aspersiones con glifosato, como una de las herramientas para combatir la presencia de cultivos ilícitos en el país.

Este decreto, que corresponde a un largo camino que se ha tenido que recorrer desde 2015 cuando la Corte Constitucional y después la Comisión Nacional de Estupefacientes prohibieran el uso del glifosato en el país por cuenta de los riesgos que se podrían correr con la salud de las personas. Este decreto comprende una de las exigencias que impuso la Corte Constitucional desde el 2017 cuando estableció los parámetros del regreso del glifosato, asegurando que se debía garantizar la protección a la salud de las personas y del medioambiente, previo a los conceptos positivos del Instituto Nacional de Salud, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el cual fue conocido esta tarde de manera positiva y en el que aseguran que se modifica el Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea, considerando un mayor manejo, y monitoreo al programa. No obstante, la última palabra estará puesta en el Consejo Nacional de Estupefacientes, escenario en el que el gobierno tiene mayorías.

Lo que dicen los panelistas

María del Rosario Guerra, senadora de la república por el Centro Democrático, comentó que, aunque hay un esfuerzo con la erradicación manual, es insuficiente, por lo que planteó que el decreto es positivo y da unas pautas para que el CNE tome una decisión. Agregó que el país hoy enfrenta tres realidades: por un lado, las implicaciones en deforestación ante la extensión de los cultivos ilícitos; segundo, la muerte de líderes sociales que protegen el territorio y, por último, el nivel de “tentáculo” que tiene este negocio.

Ante una solución definitiva, advirtió que, si no se frena el narcotráfico, la viabilidad institucional, de defensa de los bosques y del sector agropecuario, estará en veremos.

Para Camilo Romero, exsenador, exgobernador de Nariño y precandidato presidencial, dese el gobierno hay una lógica de intencionalidad que viene desde el Plan de Desarrollo, en la que las hectáreas por sustitución son mínimas, por lo que asegura que hay una apuesta directa por la fumigación.

Por otro lado, dijo que al país se le está vendiendo una solución que no es nueva y que por lo demás no resuelve los problemas sociales que surgen por cuenta de los cultivos ilícitos, por ejemplo, contó que, tras diez años de fumigación en el Putumayo, los cultivos cayeron, pero se pasaron al departamento de Nariño. Agregó que herramientas como el PNIS son buenas alternativas, pero que no funcionan porque no las aplican, pues expuso que, de 63 mil familias en el registro para Nariño, solo se le cumplió a 17 mil.

Daniel Rico, economista, columnista y director del C-Análisis: Criminología Aplicada, explicó el trabajo que adelantó con un grupo de personas en el que se agruparon cientos de estudios sobre los efectos de glifosato y en el que encontraron asuntos relacionados con unas precauciones de cara al uso del herbicida, pero no son concluyentes. Agregó que es evidente que el glifosato sirve para matar hierba, entonces comenta que la pregunta no sería si es tóxico, sino las cantidades y la manera como se utiliza el herbicida.

Comentó que incluso el impacto ambiental de asperjar es mejor al de la cadena de narcotráfico de convertirlo en cocaína. Por último, dijo que no cree que al gobierno le alcance el tiempo para iniciar las aspersiones, pues sostiene que no está claro el presupuesto ni la estrategia que se va a utilizar.

María Alejandra Vélez, economista, profesora asociada de la facultad de economía y directora del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, planteó que con los anuncios recientes lo que se quiere es adelantar el proceso para que las aspersiones empiecen pronto. Frente al decreto publicado el pasado lunes, expresó algunos reparos: “preocupa que el mismo gobierno excluye a Parques Nacionales, pero no excluye a resguardos indígenas y comunidades negras”, también dijo que había quedado estipulado que el glifosato se utilizaría como último recurso “¿cómo se va a garantizar esto?”, se preguntó. Además, señaló que el decreto muestra acciones en quejas y reclamos y la manera cómo se deben tramitar, pero recalca que no hay un factor preventivo.

Agregó que la ANLA valoró que hay costo cero en los impactos ambientales tras el uso del glifosato, aspecto el cual califica como raro y advirtió que en general el plan de esta Agencia tiene vacíos importantes. En relación con fumigación como estrategia en seguridad, planteó que eso no tiene sentido, “algunos estudios muestran cómo en época de fumigación hay relación en duración del conflicto; no se ataca el problema de seguridad, concluyó.”

El contrapunteo

El contrapunteo para discutir sobre la libertad de cátedra y el adoctrinamiento en los colegios, ya que esta semana en redes sociales ha sido motivo de polémica una tarea que dejó una profesora de noveno grado a sus estudiantes sobre los falsos positivos. En la tarea de unas diez preguntas se indagaba sobre qué significaba esta práctica, desde dónde se impulsó y si el expresidente Uribe tuvo alguna responsabilidad; lo generó una especie de linchamiento contra la profesora, pues se le acusaba adoctrinamiento a los estudiantes y de tener un sesgo. Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani y Consultor en Educación, planteó que la educación tiene que entender que el papel es de formar, no instruir. “Es debatir todos los temas posibles, de manera democrática, con diversidad de posturas. Pero no hay tema vedado en la escuela; incluso es para desarrollar argumento, pensamiento y análisis. Por otro lado, Carlos Fradique-Méndez, abogado de Familia y docente universitario, planteó que la tarea no se puede considerar un taller desde lo educativo, “eso tiene un sesgo de carácter político e inducción en contra del presidente Uribe. Esto en la forma como se presentó, claro que se tiene que debatir lo que ocurre en el país, pero la pregunta es implícita en la respuesta.”