¿Qué significa la parálisis de la justicia en el país durante la pandemia?

En Hora 20 un programa especial para analizar qué está pasando con la justicia en el país en épocas de pandemia y de la parálisis en el sector. Hablaremos de los retos que tienen los abogados y juristas para enfrentar una nueva realidad en el mundo judicial. También una mirada a las soluciones que nos quedan para que la justicia vuelva a operar normal; la suspensión de términos y los efectos en el acceso a la justicia. Por último, una opinión de los choques de entrenes entre distintas cortes y de una propuesta polémica sobre el Acuerdo de paz.

Con la llegada del COVID-19 al país uno de los primeros sectores que reaccionó a tomar medidas para evitar el contagio fue la Rama Judicial; con el inicio de restringir el acceso a las sedes judiciales y el 15 de marzo el Consejo Superior de la Judicatura decidió suspender los términos judiciales en todo el país, lo que dejaría a esta importante rama del poder público trabajando a media marcha al solo tener funciones en el marco de audiencias penales, resolución de tutelas, habeas corpus, controles de legalidad y peticiones; aunque a medida que el aislamiento se ha extendido y se prolonga la suspensión de términos cada vez son más las excepciones que se tienen para la función de la rama judicial.

A pesar de la parálisis en la justicia y de su trabajo a media marcha; el Consejo Superior de la Judicatura ha dicho que en estos más de dos meses de trabajo virtual se han recibido 35 mil tutelas, frente a 51 mil que son radicadas cada mes; 1.435 solicitudes de habeas corpus y cerca de 27.198 audiencias de control de garantías se han realizado. Y aunque estos números dan un alivio frente al funcionamiento de justica, lo cierto es que a abogados y jueces les preocupa el aumento de la mora judicial, ya que en 2019 los procesos pendientes llagaban a 1,9 millones; del acceso a las personas a la justicia y una profundización de la situación económica de los litigantes.

La ONG “Fair Trials” en el marco de su programa “COVID-19 Justice Proyect” ha lanzado una alerta por el impacto que ha tenido el aislamiento y el control social provocado por el coronavirus en los sistemas de justicia de países en África y América Latina. Aseguran que los problemas principales son el hacinamiento en las cárceles, insalubridad agravada, respuesta policial excesiva, reducción del acceso a la justicia y detenciones arbitrarias. Otro estudio de la Universidad de Surrey apunta que a las personas que les manejan los procesos de manera remota son más probables a terminar encarcelados y que su representación legal sea limitada.

Por su parte la ministra de Justicia, ha dicho que gran parte de la responsabilidad y de las medidas que se tomen cuando se decida levantar la suspensión de términos está en manos del Consejo Superior de la Judicatura; agrega que se evalúan cuáles deben ser las medidas de control y de bioseguridad en juzgados y espacios que sean necesarios para el desarrollo y ejecución de la justicia en el país.

 Lo que dicen los expertos

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, opina que lo más lamentable del escenario actual es que el único servicio público esencial que no está trabajando a toda marcha es la justicia. Por lo que dice esta coyuntura a revelado que es necesario modernizar la justicia y que ha permitido ver otros problemas como la poca confianza que la gente tiene en el sistema judicial, así como “la coladera que es el sistema penal” ya que en muchas ocasiones los delincuentes salen y entran de la cárcel sin ninguna pena de peso. También dice que se han develado problemas como el hacinamiento y el lamentable papel de la Fiscalía, ya que, según Herrera, pierden 6 de cada 10 casos.

Otra de sus preocupaciones es la dependencia de la rama judicial de la chequera del ministerio de hacienda y de su organización territorial. También dice que es necesaria la modernización y la implementación de más tecnología para el administrador de justicia. Otro de los asuntos que puede profundizar los problemas con la justicia, es el tiempo promedio para la solución de un proceso judicial en el país que ya ronda los 1.300 días.

Para Fabio Humar, abogado litigante y penalista, el debate se debe centrar en que los ciudadanos necesitan acceso a la justicia de manera operativa, plena y funcional. Opina que la justicia hoy no está funcionando en el país “hoy se hacen muy pocas audiencias, el internet no funciona y los recursos cada vez son menos lo que ha llevado a que la justicia no opere con independencia. Esta es la estocada final para un servicio público esencial para el momento que vive el país.” Agrega que, aunque desde la Judicatura se ha intentado hacer un trabajo serio durante el aislamiento obligatorio, el rezago en el sistema judicial ha sido histórico, por lo que opina que ese alto tribunal debe desaparecer ya que deberíamos tener una administración de justicia más moderna. “La pandemia puso en evidencia lo que ya veíamos denunciando.”

Frente a la suspensión de términos dice que la aplicación de estos ha dio muy ambigua, ya que algunos jueces lo hacen estrictamente apegados a la ley; mientras que otros son más amplios. Para Humar el verdadero problema está cuando la justicia vuelva a abrir sus puestas, ya que piensa que habrá una gran avalancha de temas relacionados con administración de justicia, lo que pondría a gatas al sistema en general.

Según Iván Cancino, abogado litigante y penalista, la actual situación ha demostrado que estamos lejos de hacer la justicia digital y de la necesidad de digitalizar los expedientes. Opina que la prioridad en este momento es mantener la mayor cantidad de audiencias posibles y piensa que durante la pandemia se ha podido adelantar desde distintos frentes gracias a la virtualidad. “Pero el grueso de abogados vive del día a día. De un informe, diligencia, interrogatorio y para eso se tiene que mirar cómo se usa la virtualidad en esos casos para garantizar la seguridad de quienes usan el sistema jurídico” dijo frente a la realidad de muchos funcionarios relacionados con el mundo judicial.

Le preocupa la falta de recursos y de espacio que tienen los jueces para trabajar, también comenta que lo ideal es que cada juez pueda contar con su sala de audiencias, pero en Colombia en promedio 11 jueces tienen que compartir tres salas de audiencias, limitación que genera lentitud en poder desarrollar los procesos. Por eso opina que el hecho de que la mayoría de los jueces puedan atender los casos desde la virtualidad, es que cada uno puede tener su sala virtual.

Francisco Bernate, profesor universitario, abogado, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y conductor de la Hora Judicial UR, considera que hoy las condiciones no están dadas para que los colombianos puedan volver a los juzgados, dice que en muchas instalaciones son viejas y en los juzgados se pueden aglomerar hasta 14 mil personas. Agrega que se ha logrado trabajar a cuenta gotas, pero que hubiera sido necesaria una ruptura tecnológica en la que haya una mayor digitalización de los expedientes y procesos, así como la implementación de tecnologías para los jueces; por lo tanto, dice que, de las ramas del poder público, la que menos está operando es la judicial. Opina que desde la Judicatura se ha hecho un buen trabajo ya que no es fácil mover un aparato judicial con 30 mil funcionarios.

En cuanto a la suspensión de términos dice que esta medida no afecta a muchas personas, o al menos no tiene ningún efecto sobre lo penal. Agrega que el hecho de levantar la suspensión de términos no quiere decir que se vuelva a la normalidad, dice que la virtualidad debe continuar hasta que las condiciones sean óptimas para volver a los juzgados.

 Frente al choque de trenes en algunas cortes dice que somos uno de los países con mayor número de altas cortes y eso genera que en muchas ocasiones los procesos nunca terminen.