Procuraduría abre investigación disciplinaria al secretario de Movilidad de Bogotá
La entidad considera que los investigados no habrían observado los principios de planeación y economía en la contratación estatal.
Procuraduría abrió investigación contra Juan Pablo Bocarejo y tres funcionarios más. Foto: Colprensa(Thot)
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al Secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo Suescún y a tres funcionarias de esa entidad, por las presuntas irregularidades presentadas en la adjudicación, en 2017, de la licitación para la administración del servicio de patios y grúas en la capital.
Las investigación de la Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial también vincula a la Subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo, la Directora de Asuntos Legales, Carolina Pombo Rivera, y la Directora del Servicio al Ciudadano, Laura Sofía Carvajal de León.
Para la Procuraduría en el proceso de adjudicación no se habrían realizado los estudios técnicos necesarios y suficientes para prever y resolver las posibles circunstancias que pudieran presentarse a futuro y evitar así poner en riesgo la administración pública.
A juicio del Ministerio Público se hace necesario verificar si las decisiones tomadas por los funcionarios fueron debidamente planeadas para asegurar el mejor interés de la ciudad, y si la apertura de la licitación y la administración del servicio de patios y grúas en la capital respondieron a una estrategia clara, planeada, coherente y encaminada a la obtención de los objetivos que debe perseguir la administración pública.
La Procuraduría busca determinar si las acciones ejecutadas hasta ahora por los directivos de la Secretaría de Movilidad han contribuido a la protección del patrimonio público, acatando los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes.
Según el órgano de control no habría claridad frente a la capacidad financiera de la Secretaria de Movilidad para adquirir los predios necesarios y proveer los espacios destinados para la tenencia y custodia de los vehículos.
Considera la entidad que los ahora investigados disciplinariamente no habrían observado los principios de planeación y economía en la contratación estatal.
