Graves daños ambientales y estructurales por exploración petrolera en Boyacá
Habitantes de la provincia de Sugamuxi denunciaron que se han adelantado explosiones sísmicas en sus viviendas sin su autorización, las cuales han provocado daños al patrimonio.
(Thot)
El colectivo para la Protección de la Provincia del Sugamuxi denunció que el Proyecto Exploratorio Muisca Norte 2012 3D, liderado por la multinacional Maurel & Prom B.V. Colombia (M&P), tiene falencias graves en el Plan de Manejo Ambiental.
Según explica el colectivo, en la primera fase, la Compañía contratista tiene a su cargo la exploración sísmica en 25 mil hectáreas, donde se pretende realizar más de seis mil detonaciones con 2.7 kg de Sismigel, las cuales han afectado a las viviendas aledañas y, además, los productos de descomposición térmica, que son tóxicos y pueden incluir óxidos de carbón y nitrógeno, pueden afectar la salud humana y las explotaciones pecuarias.
“La compañía ha perturbado la propiedad privada, han ingresado y adelantado trabajo en propiedades sin permiso de sus dueños. Han hecho unas detonaciones muy fuertes cerca del casco urbano declarado bien de interés cultural de carácter nacional. Esto hizo que temblara la tierra, temblaran las casa, hubo agrietamientos en paredes y techos, y rupturas de la tubería”, afirmó Víctor Alfonso Hernández, habitante del municipio de Iza.
Por su parte, Clara Echavarría, de Cuitiva, denunció que los manantiales y otras fuertes hídricas también están en peligro por la explotación.
“Están cometiendo muchos atropellos con la comunidad. Los están engañando para que firmen el permiso, diciéndoles que si no firman, los van a expropiar”, dijo en la W Myriam Acosta, del municipio de Firavitoba.
Frente a esta situación, el colectivo presentó una denuncia ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), que pidió el cese de actividades por parte de la empresa. Sin embargo, dice el colectivo, al realizar una visita el día domingo 10 de Junio, se observó que aún continuaba la exploración en el municipio de Pesca.
Por su parte, Wilson Sánchez, secretario de Minas y Energía de Boyacá, dijo en la W que el jueves pasado se verificó que efectivamente hubo daños en las viviendas que son patrimonio arquitectónico, a raíz de la actividad sísmica provocada por la empresa, al parecer, con más explosivos de los permitidos.
Sánchez dijo que este martes se realizará una reunión entre Corpoboyacá, el gobierno departamental y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para evaluar el tema.
El secretario dijo que a la empresa le correspondía socializar su actividad para no engañar a la comunidad y pedir sus autorizaciones.
“No nos oponemos a la explotación petrolera. Entendemos que es parte del desarrollo del país, pero se tiene que hacer con respeto por las comunidades y por el pueblo boyacense”, señaló.
Según explica el colectivo, en la primera fase, la Compañía contratista tiene a su cargo la exploración sísmica en 25 mil hectáreas, donde se pretende realizar más de seis mil detonaciones con 2.7 kg de Sismigel, las cuales han afectado a las viviendas aledañas y, además, los productos de descomposición térmica, que son tóxicos y pueden incluir óxidos de carbón y nitrógeno, pueden afectar la salud humana y las explotaciones pecuarias.
“La compañía ha perturbado la propiedad privada, han ingresado y adelantado trabajo en propiedades sin permiso de sus dueños. Han hecho unas detonaciones muy fuertes cerca del casco urbano declarado bien de interés cultural de carácter nacional. Esto hizo que temblara la tierra, temblaran las casa, hubo agrietamientos en paredes y techos, y rupturas de la tubería”, afirmó Víctor Alfonso Hernández, habitante del municipio de Iza.
Por su parte, Clara Echavarría, de Cuitiva, denunció que los manantiales y otras fuertes hídricas también están en peligro por la explotación.
“Están cometiendo muchos atropellos con la comunidad. Los están engañando para que firmen el permiso, diciéndoles que si no firman, los van a expropiar”, dijo en la W Myriam Acosta, del municipio de Firavitoba.
Frente a esta situación, el colectivo presentó una denuncia ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), que pidió el cese de actividades por parte de la empresa. Sin embargo, dice el colectivo, al realizar una visita el día domingo 10 de Junio, se observó que aún continuaba la exploración en el municipio de Pesca.
Por su parte, Wilson Sánchez, secretario de Minas y Energía de Boyacá, dijo en la W que el jueves pasado se verificó que efectivamente hubo daños en las viviendas que son patrimonio arquitectónico, a raíz de la actividad sísmica provocada por la empresa, al parecer, con más explosivos de los permitidos.
Sánchez dijo que este martes se realizará una reunión entre Corpoboyacá, el gobierno departamental y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para evaluar el tema.
El secretario dijo que a la empresa le correspondía socializar su actividad para no engañar a la comunidad y pedir sus autorizaciones.
“No nos oponemos a la explotación petrolera. Entendemos que es parte del desarrollo del país, pero se tiene que hacer con respeto por las comunidades y por el pueblo boyacense”, señaló.
